Finalmente ayer, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, accionó ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en torno a la resolución nº 502 del pasado 4 del corriente. Por el documento, la Cámara Alta retornaba sus fueros a los senadores Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola. Todos ellos fueron en su momento desaforados y puestos a cargo de la justicia ordinaria donde son investigados.
El máximo titular de la acción penal pública reaccionó después de 12 días de vigencia de la insólita resolución dictada por la Cámara Alta del Parlamento Nacional y presentó ayer la acción pertinente ante la Corte. Según el planteamiento del fiscal general, la resolución viola frontalmente todas las normas constitucionales al pretender dejar sin efecto una decisión anterior ajustada a la normativa de referencia.
Alegó el artículo 191 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, solicitó la declaración de inaplicabilidad de la resolución, dado que los tres senadores citados, fueron desaforados con resolución y notificación a otro poder del Estado.
INSÓLITA RESTITUCIÓN DE FUEROS
Cada uno de los senadores desaforados están imputados y hasta uno de ellos, acusado por diferentes crímenes cometidos. Erico Galeano es investigado por su presunta implicancia en “A Ultranza PY”; Hernán Rivas está investigado por producción de documentos no auténticos y producción de documentos públicos de contenido falso, todos en torno a su título de abogado, con el que juzgó a magistrados.
En tanto, Rafael Filizzola está con un recurso de casación ante la máxima instancia judicial, por presuntas sobrefacturaciones en la compra de helicópteros para la Policía, durante su gestión como ministro del Interior durante la presidencia de Fernando Lugo. Para el fiscal general, con la reposición de fueros se ha desvirtuado el proceso, paralizándolo y acusa al Senado de abuso de poder, de haberse atribuido una facultad extraordinaria.
La restitución del blindaje “pone en ascuas el modelo de juzgamiento que en esquemas de garantías, debe culminar en plazos razonables”, según Rolón. En su presentación, señaló además que se ha incurrido en inobservancias severas a la norma al habilitarse vías operativas que desconocen la seguridad jurídica.
La sala constitucional de la máxima instancia deberá resolver la cuestión, ordenando la continuidad de los procesos contra los parlamentarios sospechados como autores de varios crímenes graves.
