Dos colombianos detenidos el pasado viernes en cumplimiento a una orden firmada por la fiscal de turno, Diana Gómez, fueron imputados y presentados ante el juzgado penal de garantías, con pedido de medidas cautelares de carácter personal. Fueron denunciados por un ciudadano introducido al sistema de estafa denominado “gota a gota”, aplicado por los extranjeros para préstamos urgentes de poco monto.
Según la denuncia hecha de manera responsable por una de sus víctimas, había hecho un préstamo de G. 1.000.000 en efectivo, que le facilitaron los colombianos, Jesús Alberto Navarro Ledesma, de 32 años, y Miguel Enrique Padrón Montes, de 27, residentes en el km 9 Acaray. El sistema de devolución acordado era de G. 50.000, que el beneficiado debía abonar diariamente a los extranjeros por 24 días.
Cansado de ser hostigado por los colombianos y su imposibilidad real de cumplir con su compromiso, la víctima radicó denuncia ante la unidad de delitos económicos y financieros de la Policía Nacional, que a su vez solicitó la intervención fiscal.
ORDEN DE DETENCIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES
La agencia fiscal ordenó de inmediato la detención de los colombianos Navarro Ledesma y Padrón Montes, que fue ejecutada por la Policía el viernes de la semana pasada. Del poder de los extranjeros, se incautó la suma de G. 1.097.000 y G. 980.000, respectivamente con un teléfono celular cada uno.
El denunciante fue de fundamental aporte para el logro de la detención, ya que fue preparada una suerte de entrega vigilada para realizar el procedimiento. Previamente acordaron presuntamente el pago de sus obligaciones, oportunidad en que fueron privados de su libertad y la incautación, además de lo ya citado, una motocicleta.
Presentados en la Fiscalía, los colombianos solicitaron un defensor público para que los represente en el proceso. La fiscal Diana Gómez recibió informe del departamento de migraciones, que confirmaba la presencia ilegal de los citados en territorio nacional, ya que no pudieron demostrar con documentos su presencia en el país.
La representación pública los imputó por amenaza de muerte y coacción y los derivó al calabozo de la Dirección de Policía. Fueron presentados ante el juzgado penal de garantías, donde requirieron prisión preventiva.
