La reciente oleada de extorsiones telefónicas perpetradas por individuos sin escrúpulos ha puesto de manifiesto una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos paraguayos. Estos delincuentes, en su mayoría operando desde dentro de las cárceles, se hacen pasar por agentes fiscales o policiales para sembrar el miedo y extorsionar a personas desprevenidas.
Es inaceptable la facilidad con la que estos estafadores obtienen acceso a números telefónicos, expedidos por las compañías telefónicas sin la debida verificación de identidad. Esta práctica irresponsable facilita el accionar de estos criminales, quienes utilizan estos números para amenazar a sus víctimas con falsas acusaciones y supuestos procesos judiciales, exigiendo pagos para evitar represalias inexistentes.
Resulta alarmante también la aparente incapacidad de los organismos de seguridad estatales para detectar y neutralizar a estos delincuentes. La impunidad con la que operan los extorsionadores socava la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía y permite que este perverso sistema de extorsión telefónica prolifere sin control.
Un ejemplo reciente de esta peligrosa tendencia es el caso denunciado por la agente fiscal Viviana Sánchez de Presidente Franco. Una impostora, utilizando el número telefónico (0991) 309232, se ha hecho pasar por ella para extorsionar a personas inocentes, amenazándolas con consecuencias legales graves si no acceden a sus demandas.
La impunidad con la que estas acciones delictivas se llevan a cabo es inaceptable y exige una respuesta urgente por parte de las autoridades competentes. Es fundamental que se investiguen estos casos a fondo, se identifique a los responsables y se les haga rendir cuentas ante la justicia.
La seguridad ciudadana es un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado por el Estado. Por lo tanto, instamos a las autoridades pertinentes a tomar medidas enérgicas para poner fin a estas extorsiones telefónicas, fortaleciendo los mecanismos de control y regulación de la emisión de números telefónicos y mejorando la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad ante este tipo de delitos.
La lucha contra la extorsión telefónica no es solo una cuestión de aplicación de la ley, sino también de protección de los derechos y la dignidad de los ciudadanos. Es hora de actuar con determinación y firmeza para erradicar esta lacra que amenaza la tranquilidad y la seguridad de nuestra sociedad.
