La ANDE ejecutó ayer en Santa Rita una importante intervención en contra de una feroz granja minera de criptomonedas, que operaba clandestinamente en el barrio Sinuelo y consumía una enorme cantidad de energía. Todo el operativo fue realizado por funcionarios que vinieron especialmente de la capital del país, por orden del propio presidente de la estatal, Félix Sosa. La intervención deja en evidencia, una vez más, la complicidad de los jefes regionales del ente con los empresarios responsables de la explotación y robo de energía mediante este tipo de granjas. Fueron decomisadas más de 600 máquinas mineradoras por orden fiscal, sin embargo, se teme que las mismas sean devueltas al propietario, una vez “pactado el monto de la coima”, señalaron fuentes del Ministerio Público.
A raíz de denuncias por inconvenientes de cortes de energía eléctrica por parte de los clientes en la ciudad de Santa Rita, la ANDE realizó verificaciones en la línea de Media Tensión que abastece de energía eléctrica a la zona. Se detectó un gran consumo de electricidad en el establecimiento con conexión directa en Media Tensión, dedicado a la criptominería, que motivó la formulación de una denuncia penal por los hechos punibles de sustracción de energía eléctrica, sabotaje y perturbación de servicios públicos ante la Fiscalía.
El juez penal de garantías de Santa Rita, Bernardo Silva, ordenó el allanamiento e intervención del establecimiento, y el procedimiento estuvo a cargo del agente fiscal Julio César Paredes, de la unidad penal nº 8, especializada en sustracción de energía eléctrica de la sede regional del Ministerio Público de Alto Paraná, con acompañamiento del personal policial y funcionarios de la ANDE.
En el lugar se encontraron 4 transformadores, totalizando una potencia total de 6.000 kVA que alimenta a 677 máquinas procesadoras de criptomonedas. La potencia robada equivale al consumo de una ciudad promedio en Paraguay, señalaron asombrados los intervinientes. Todos estos equipos estaban en un compartimiento del inmueble, que fue lacrado por orden del fiscal interviniente, quedando dicho inmueble bajo resguardo de efectivos de la Policía. Con esta intervención se evita para la ANDE una pérdida de más de G. 470 millones mensuales, según lo indicado por los intervinientes.
COMPLICIDAD DE JEFES REGIONALES Y DUDAS SOBRE ACTUACIÓN FISCAL
Llevando en cuenta que todo el operativo se manejó sigilosamente desde la capital del país, se puede interpretar como una evidencia más de la complicidad de los jefes regionales de la ANDE con los empresarios inescrupulosos que explotan estas granjas mineras de criptomonedas, que constituyen un enorme desafío para el sobrecargado sistema energético del Paraguay.
El Ing. Juan Rozzano es la máxima autoridad de la ANDE a nivel regional, como jefe de la División de Gestión Regional Este, desde fines del 2022. Otros cuestionados jefes regionales son el Ing. Valerio Rojas, jefe de Distribución, y el Ing. Domiciano Silguero, jefe regional de Pérdidas, este último sindicado como el principal responsable de la permisividad estatal con las granjas mineradoras. La inacción de los mencionados es la que permitiría que estas “mega granjas mineras de bitcoins” sigan operando impunemente y solo cuando viene alguna orden expresa de la capital del país se hacen las intervenciones.
Asimismo, hay serias dudas sobre la actuación de los agentes fiscales especiales designados para los casos de sustracción de energía, Alcides Giménez y Julio Paredes. En Alto Paraná, normalmente ni siquiera las máquinas usadas para la criptominería son decomisadas (el caso de ayer en Santa Rita constituye una honrosa excepción), mucho menos los responsables de estos establecimientos son imputados. Supuestamente estos se exponen a hasta tres años de pena privativa de libertad, de conformidad a lo dispuesto en el Art 173 del CPP relacionada a la “Sustracción de Energía Eléctrica”, sin embargo, no hay procesados.
Fuentes fidedignas, además, indicaron que, respecto al operativo de ayer, sería apenas una cuestión de tiempo para que el fiscal Paredes ordene la devolución total de las máquinas decomisadas. Esto se daría luego de “pactar” el precio de la coima para tal efecto, y así estos mineradores podrán seguir con su actividad impunemente.
