Es inaceptable que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) siga haciendo la vista gorda ante el masivo robo de energía que ocurre en el Alto Paraná, mientras se empecina en perseguir a pequeños usuarios de baja tensión que apenas utilizan unas pocas máquinas para la minería de criptomonedas. Esta situación revela una profunda falta de equidad y justicia en el trato hacia los ciudadanos y las empresas, así como una alarmante complicidad con los grandes empresarios de oscuros antecedentes que continúan saqueando cantidades industriales de energía eléctrica.
Resulta indignante ver cómo la ANDE despliega sus recursos para perseguir a pequeños infractores, mientras ignora descaradamente a los verdaderos responsables del descomunal robo de energía en la región. Es evidente que existen intereses oscuros detrás de esta selectividad en la aplicación de la ley, intereses que van desde los jefes regionales de la estatal hasta el mismísimo presidente de la institución, Félix Sosa.
El reciente procedimiento realizado en el barrio San José de Ciudad del Este, donde se descubrió una conexión irregular para la minería de criptomonedas en pequeña escala, es solo la punta del iceberg. Mientras tanto, enormes granjas mineras que presumiblemente roban cantidades significativas de energía eléctrica operan sin obstáculos, provocando cortes de energía diarios en áreas como Santa Rita, conocida como «la capital del progreso del Paraguay».
La falta de acción por parte de la ANDE y las autoridades competentes solo perpetúa esta situación de impunidad y desigualdad. A pesar de las evidencias y estimaciones que apuntan a pérdidas millonarias debido al robo de energía, las acciones para detener este flagelo son insuficientes y están teñidas de complicidad.
Es hora de que las autoridades tomen medidas firmes para poner fin a esta injusticia. Se necesita una acción coordinada entre la ANDE, la Fiscalía y otras instituciones pertinentes para investigar y sancionar a los responsables de este delito. Los jefes regionales que han sido señalados como cómplices deben ser destituidos de inmediato, y se deben implementar medidas efectivas para prevenir futuros casos de robo de energía.
La sociedad paraguaya merece un suministro eléctrico confiable y justo, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que esto se cumpla. No podemos permitir que unos pocos se enriquezcan a expensas del bienestar de la mayoría. Es hora de poner fin a la complicidad y tomar medidas concretas para proteger los intereses de todos los ciudadanos.
