Por violación de un sinnúmero de artículos de la Ley 716, el fiscal especializado en hechos punibles contra el medio ambiente, Orlando Quintana, acusó al propietario de un establecimiento rural del distrito de Yguazú y a dos de sus empleados. El requerimiento fue presentado ante el juzgado penal de garantías, a cargo de la jueza Cinthia Garcete, a quien se requirió la elevación del caso a juicio oral y público.
Acorde al escrito de requerimiento conclusivo, estarían implicados en el hecho el brasileño Clevison Rosa Araujo, de 42 años, afincado en el condominio Terranova de Ciudad del Este, y los trabajadores a su cargo, Ramón Ocampos, de 31 años, afincado en la ciudad de Hernandarias, y Osvaldo Rubén Mereles, de 39 años, también residente en la misma ciudad, todos con medidas menos gravosas a la prisión.
Los tres acusados fueron sorprendidos por el fiscal de la causa, que se constituyó en la finca 1260, padrón 2409, de 274 hectáreas, propiedad del primero de los citados en la acusación, en momentos que procedían a violentar la norma ambiental.
SIN LICENCIA
Primeramente observaron a Araujo, ordenando tareas al operador de una motopala y a otro personal al mando de una oruga, realizando movimientos de suelo de gran envergadura para construir canales artificiales para drenaje. Asimismo, la obra afectaba humedales ubicados en un terreno altamente inundable a orillas del río Monday, en el distrito de Yguazú, sin contar con los mínimos documentos legales para el efecto.
Los canales artificiales desembocaban al cauce hídrico, violentando expresas disposiciones contenidas en la Ley 717/88, como la licencia ambiental con las medidas de mitigación, exigidas por el órgano aplicador del MADES.
De hecho, la peor parte de la responsabilidad penal le corresponde al propietario del establecimiento, Clevison Rosa Araujo, acusado como autor material del hecho, mientras sus empleados Ocampos y Mereles fueron calificados como coautores, ya que pudieron haber evitado el resultado y no lo impidieron, según la acusación.
En la etapa preparatoria, técnicos del laboratorio forense y del MADES realizaron análisis diversos por cuerdas separadas, determinando los daños sufridos a consecuencia de la acción criminal del propietario del inmueble y sus trabajadores que irán a juicio.
