El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE) convocó a una conferencia de prensa ayer a la mañana frente al departamento técnico, regional de Ciudad del Este. Fue con el fin de socializar la situación laboral de los técnicos de la entidad estatal, quienes ya sufrieron todo tipo de amenazas tras intervenir granjas mineradoras de criptomonedas, refieren.
El secretario general del SITRANDE, Adolfo Villalba, fue el vocero del grupo de manifestantes. Manifestó que llegaron a esta movilización debido a la falta de garantía y de seguridad para los trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Ya sufrieron todo tipo de amenazas, por parte de los que operan en la criptominería en sus intervenciones y reclaman mayor respaldo al Estado.
“Muchos compañeros ya fueron amenazados por participar en las intervenciones de las granjas mineradoras y necesitamos que el Gobierno tome cartas en el asunto para solucionar pronto”, puntualizó Villalba. Reveló que las intimidaciones reciben por mensajes de números desconocidos y eso provocó que algunos funcionarios hayan presentados cartas de renuncias, debido a la falta de garantía en el trabajo.
“Quieres plata o plomo”, “sabemos dónde vive tu familia y vamos a visitarla”, “tu hijo entra en tal escuela y podemos buscarle”, es el tenor de los mensajes que reciben los electricistas que acompañan las intervenciones de las mineradoras y sufren bastante por sus familias, expresaron. Así también, cuestionaron la actuación fiscal y policial.
El lento actuar de los agentes del Ministerio Público y las comisarías jurisdiccionales también fue consulta de la prensa a los funcionarios de la ANDE. Respondieron que falta mayor rapidez e interés de ellos. Ante la sospecha de que existieran funcionarios del Estado de alto rango, metidos en el negocio, los manifestantes exigieron a la justicia que actué severamente para sanear la imagen.
También manifestaron que en Alto Paraná está en auge el rubro de las monedas virtuales y resulta más complicado actuar contra quien trabajan en el rubro por falta de garantía y seguridad del Estado.
MAYORES CONSECUENCIAS
Además de la falta de garantía en el ejercicio, los funcionarios exigieron a la justicia más rigor tras las intervenciones. No ven respuestas positivas cuando se interviene un local y se clausura nomás, sin incautar ni imputar a nadie. “De ese modo, los afectados solo retiran sus aparatos y se mudan a otro lugar para seguir trabajando y nosotros nos quedamos mal”, enfatizó el funcionario.
La primera manifestación por este tema se realizó ayer en Ciudad del Este, con apoyo de colegas de la capital y otros distritos cercanos. De no conocerse una respuesta inmediata por parte del Estado, anunciaron que se movilizarán a nivel nacional y advierten que se verán afectados varios servicios técnicos durante la manifestación.
