El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, denunció que los fiscales Silvio Corbeta y Alma Zayas, de la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción, que lo investigan por lesión de confianza por las compras realizada de “Tía Chela” durante la pandemia del Covid-19, no realizaron ninguna de las diligencias propuestas por su defensa y que se presentaron pruebas falsas en su contra.
Ante esta situación, el jefe comunal solicito formalmente ante la Fiscalía General del Estado, se designe un nuevo equipo de fiscales para el seguimiento de las causas penales en su contra. Sostiene que están violando sus derechos a la defensa al no ser objetivos en sus investigaciones.
Prieto argumenta que no puede seguir siendo investigado por los mismos fiscales a quienes denunció ante la Fiscalía General y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuestas irregularidades en la investigación que lleva adelante en su contra por el caso de lesión de confianza, por lo que solicita que se aparten de la causa y se designe un nuevo equipo.
A criterio del imputado, ambos fiscales están violando su derecho a la defensa al no ser objetivos en sus investigaciones. En el escrito presentado por la defensa, el intendente señala que los fiscales no realizan las diligencias propuestas por la defensa y que, en esta causa, el propio del Ministerio Público ya requirió la desestimación.
La solicitud fue formalizada por la abogada de Prieto, Gilda Portillo, a través de un expediente que consta de 16 hojas, según mesa de entrada n° 2.980 de la Fiscalía General del Estado. Este pedido podría generar un nuevo retraso en la investigación del caso. La decisión final recae en el fiscal general, Emiliano Rolón.
EL MÁS DENUNCIADO
Prieto es uno de los intendentes más denunciados en la historia de Ciudad del Este. Acumula 34 denuncias, la mayoría realizada por su exaliado político, Celso “Kelembu” Miranda; le siguen la Contraloría Ciudadanía y ciudadanos a títulos personal, como Iván Airaldi, entre otros.
Pero a la fecha tiene una sola imputación y es el caso “Tía Chela”. Se trata de una licitación que se realizó por la vía de la excepción en marzo de 2020, en época de pandemia, sobre la compra de 25.000 kits para distribuir a personas vulnerables y de escasos recursos.
Los fiscales Corbeta y Zayas abrieron una causa en su contra por la supuesta compra irregular y lo imputaron por lesión de confianza. Las imputaciones fueron realizadas contra Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, entonces director de administración y finanzas de la Comuna esteña.
Con el mismo cargo, pero en calidad de coautores, también fueron imputados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Himinio Ramón Acuña, Cirle Alizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez. Ávalos Britos es el propietario de la empresa Tía Chela SRL, que fue adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este, y Emilia Vanessa Florentín Páez es dueña de la firma Vanemi SA, que le surtía de mercadería.
DOCUMENTOS FALSOS
Según Prieto, esta única imputación, hasta ahora, está sostenida por documentos falsos, sosteniendo que tiene pruebas. En más de una ocasión, dijo que el Ministerio Público no puede falsear datos. Sacando a colación que en la imputación se menciona el nombre de una señora que no estaba en el país en el momento en que se entregaba los alimentos. “Yo me acerque a esa señora, hablé personalmente con ella. Tenemos fotos del momento en que recibió los kits y su declaración jurada ante escribano público. Solamente por este hecho estos fiscales tendrían que estar renunciados”.
