Dos fiscales de la capital del país se prestaron al juego sucio del actual presidente de la ANR, Horacio Cartes, y procedieron a imputar al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y otros ocho exaltos exponentes de su gabinete. Los sindican como autores de hechos tipificados como revelación de secreto de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, denuncia falsa y otros.
En una jugada casi criminal, los agentes fiscales Aldo Cantero ColmÁn y Goivanni Grisetti, imputaron al expresidente de la República y otros altos exfuncionarios de su gabinete. Ellos son Carlos Adolfo Arregui Romero, Arnaldo Euclides Giuzio Benítez, René Milciades Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronaweter, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Cohene, Mauricio Fabián Espínola Núñez y Mario Abdo Benítez.
La denuncia fue formulada por el asesor jurídico del también expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, sindicados, además de los ya citados por simulación de hechos punibles, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
INVESTIGACIÓN E IMPUTACIÓN
El inicio del proceso se formalizó siete meses después de su presentación, ya que Cartes denunció los hechos el 31 de julio del año pasado y ampliado el 30 de agosto, con respecto a la filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de Panamá, subsumiendo la conducta en el hecho de revelación de secretos de servicio, según la conclusión del denunciante.
Insatisfechos y golosos, el ex presidente Cartes y su abogado, ampliaron denuncia el 30 de octubre del año pasado, con relación a una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página denominada “Distributed Denial of Secrets”.
En definitivas, la denuncia apunta a que el expresidente ahora imputado habría filtrado información sensible a los medios de prensa, desde donde se generaban “debilitaciones” a Horacio Cartes y Santiago Peña, según se colige claramente del escrito de imputación.
La jueza penal de garantías Cinthia Lovera fue designada para analizar, admitir o rechazar la imputación fiscal contra el exmandatario y parte de su gabinete.
