La trágica muerte del comerciante Ever Antonio Castellani Aquino a manos de dos motochorros durante un violento asalto ha generado indignación y preocupación en la ciudadanía del Alto Paraná. Sin embargo, más allá de la repulsa hacia estos criminales, es imperativo dirigir nuestra atención hacia los verdaderos responsables de que individuos peligrosos como Hernán Ariel Leguizamón Roa y Adrián Ramón Cabral Candia estén libres para sembrar el terror en nuestras calles.
Los jueces de ejecución penal, Aldo Moreira Curtido y Troadio Galeano (ya jubilado), han fallado en su deber al otorgar libertad condicional a delincuentes con antecedentes violentos y claras prohibiciones legales. Leguizamón Roa y Cabral Candia, con historial de robos agravados, debían estar tras las rejas, pero la benevolencia mal guiada de estos magistrados les permitió caminar libremente por nuestras calles, con consecuencias mortales.
El lamentable suceso del miércoles, donde Castellani Aquino perdió la vida de manera brutal, es solo la punta del iceberg de un sistema judicial que falla en proteger a los ciudadanos honrados. Los criminales se aprovechan de la debilidad del sistema, reincidiendo en sus actos violentos sin miedo a las consecuencias.
La comunidad altoparanaense, así como los familiares del comerciante asesinado, exigen justicia y firmeza en este caso. No puede haber piedad para quienes arrebatan vidas inocentes y siembran el miedo en nuestras calles. Es hora de que los responsables de la administración de justicia asuman su responsabilidad y actúen con la seriedad y la firmeza que la situación exige.
Es fundamental que se realice una revisión exhaustiva de los protocolos de liberación condicional y que se establezcan medidas más estrictas para garantizar que individuos peligrosos como Leguizamón Roa y Cabral Candia no vuelvan a poner un pie en la sociedad hasta que demuestren una verdadera rehabilitación.
Es muy importante que los organismos de control, como la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Fiscalía Anticorrupción, ejerzan un control riguroso y exhaustivo sobre los magistrados que incurren en graves deficiencias en su labor. La confianza en el sistema judicial se ve seriamente comprometida cuando aquellos encargados de administrar justicia actúan de manera negligente o incluso corrupta.
Resulta imperativo que estos organismos actúen con determinación y sin contemplaciones cuando se presenten casos de mal desempeño judicial o sospechas de corrupción. La integridad y la imparcialidad de la justicia deben ser preservadas a toda costa, y esto solo puede lograrse mediante una supervisión efectiva y una rendición de cuentas transparente. Los ciudadanos merecen un sistema judicial en el que puedan confiar plenamente, y esto solo será posible si se erradica la impunidad y se castiga ejemplarmente cualquier acto de abuso de poder o negligencia en el ejercicio de la función judicial.
La seguridad y el bienestar de la comunidad no pueden estar en manos de jueces incapaces o venales. Es momento de exigir un cambio real en nuestro sistema judicial, donde la impunidad no tenga cabida y la justicia sea verdaderamente ciega –y justa– ante el crimen. La memoria de Ever Antonio Castellani Aquino y la seguridad de nuestra sociedad lo demandan.
