El fiscal de Presidente Franco, Demetrio Bareiro, quien investiga el robo agravado de máquinas mineradoras de criptomonedas, presentó acusación por reducción, y pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público. El encausado es Víctor César Meaurio Enciso, único procesado en el caso de robo de máquinas de bitcoins ocurrido en abril del 2023, en el barrio Alfredo Pla de Presidente Franco, que fueron encontradas en la propiedad del procesado, en la ciudad de Yvy Ja’u, Concepción.
El representante de la sociedad puntualizó que durante la investigación se recopilaron pruebas suficientes para sostener la participación de Meaurio en el caso en calidad de reducidor. Esto se basa en el hallazgo de los objetos robados en la propiedad del acusado.
La querella adhesiva, por su parte, también formuló una acusación en sintonía con el Ministerio Público, solicitando la elevación a juicio oral y la condena al imputado. Los querellantes señalaron que, además del delito de reducción, el caso se agrava por la falta de reparación del daño por parte de Meaurio, además, porque el mismo estaría amenazando a las víctimas, familiares y allegados.
Las víctimas temen por sus vidas, teniendo en cuenta la peligrosidad de este hombre, quien presume portar armas de fuego y dice tener amigos políticos de influencia. Los afectados piden a las autoridades judiciales actúen conforme a la presentación del Ministerio Público, buscando sancionar este hecho que contribuye a los recurrentes pérdidas millonarias por el robo de máquinas mineras de criptomonedas en la región.
ANTECEDENTES
El 15 de abril de 2023, un grupo de hombres irrumpió en la propiedad de Aristóbulo Marecos. Amenazaron al encargado del lugar con armas de fuego y se apoderaron de 400 máquinas mineras de monedas virtuales, que cargaron en un camión perteneciente al dueño de la casa para luego huir.
Posteriormente, estas máquinas fueron localizadas en la ciudad de Yvy Ya’u, departamento de Concepción, donde se instalaron y pusieron en funcionamiento en una granja minera clandestina. La propiedad en cuestión pertenece al acusado.
