En un desolador panorama de corrupción y abuso de poder, las vastas extensiones de tierras estatales en el departamento de Alto Paraná se ven sometidas a la usurpación por parte de empresarios sin escrúpulos, en complicidad con funcionarios corruptos del INDERT. Esta trama de corrupción, revelada la semana pasada en entrevista con Radio La Clave, por el experimentado topógrafo Benjamín Marecos, revela un entramado de títulos falsos y superposiciones que permiten la apropiación ilegal de propiedades, incluso, facilitando la obtención de créditos bancarios millonarios basados en documentos fraudulentos.
El desorden jurídico generado por esta red delictiva resulta en una confusión legal, con superposiciones de títulos legítimos y falsos que crean un caos sin precedentes. Miles de hectáreas de origen cuestionable permanecen sin recuperarse debido a esta situación, dejando a los verdaderos propietarios en una posición desfavorable frente a los usurpadores respaldados por documentos apócrifos.
Un ejemplo emblemático es el caso de la finca K06/3463, entregada judicialmente al INDERT en 2014, que ahora figura parcialmente a nombre de una empresa ficticia, Agro KLM S.A. La complicidad de funcionarios públicos es evidente en este esquema corrupto que permite a los empresarios adueñarse ilegalmente de tierras estatales.
La negligencia de las autoridades y la presunta participación de los asesores jurídicos del INDERT en este esquema ilícito solo alimentan las sospechas de que estos funcionarios están más interesados en llenar sus propios bolsillos que en proteger los intereses del Estado y de los ciudadanos. Mientras tanto, las tierras usurpadas son explotadas para la producción de soja, generando enormes ganancias para los usurpadores y los funcionarios corruptos.
El presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, enfrenta serias acusaciones de complicidad y negligencia en la protección de los activos estatales. Mientras tanto, aquellos que intentan recuperar las tierras legítimamente se enfrentan a obstáculos y resistencia por parte de la propia institución encargada de proteger sus derechos.
Este escandaloso caso de corrupción pone de manifiesto la urgente necesidad de una investigación exhaustiva y acciones contundentes para detener esta ola de usurpación de tierras y responsabilizar a los culpables ante la ley. La situación no solo afecta a los propietarios legítimos de la tierra, sino que también socava la confianza en las instituciones públicas y obstaculiza el desarrollo económico y social de la región.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para combatir la corrupción y garantizar la protección de los recursos del Estado para el beneficio de todos los ciudadanos. La impunidad no puede ser tolerada, y aquellos que se benefician ilegalmente a expensas del pueblo paraguayo deben rendir cuentas por sus acciones. Solo mediante el fortalecimiento del estado de derecho y el combate decidido contra la corrupción se podrá restaurar la confianza en las instituciones públicas como el INDERT, Catastro, Registros Públicos y otros que deben acabar con este “festival de la sinverguenzía” realizado con tierras del Estado y sujetas a la reforma agraria.
