El problema de tierra en Alto Paraná es una cuestión a nunca acabar. Es que los administradores de turno del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), responsables del Servicio Nacional de Catastro y de la Dirección General de los Registros Públicos, conforman un esquema corrupto para permitir que miles de hectáreas del Estado estén en manos de pseudos empresarios. Por ejemplificar algunos casos, una denuncia señala que un terreno de más de 1.500 hectáreas, ubicado en Paso Cadena (Itakyry), perteneciente al INDERT, aparece en Catastro a nombre de una empresa denominada Agro KLM S.A., cuyos directivos habrían usado documentos apócrifos para transferir la finca y finalmente usurpar la tierra al tiempo de aprovechar ese mismo título presumiblemente falso para acceder a multimillonarios créditos.
Irónicamente la tierra del INDERT en el décimo departamento se encuentra en casi su totalidad en manos de terceros y en su gran mayoría de extranjeros que ni siquiera son sujetos de la reforma agraria. Esta realidad se desprende de un esquema corrupto montado por los propios funcionarios del INDERT conjuntamente con los de otras instituciones como es el de Catastro y Registros Públicos, que de realizarse una investigación se podría descubrir la mafia que opera en estas instituciones que permiten a los empresarios apoderarse de la tierra del Estado fraudulentamente.
Un ejemplo claro es el caso de una finca identificada como K06/3463, que en el 2014 fue entregado judicialmente al INDERT que hoy aparece en parte a nombre de una empresa denominada Agro KLM S.A. Además, varios brasileños aparecen con parcelas menores dentro de la misma finca violando así la ley de la seguridad fronteriza y en los artículos donde especifican sobre los sujetos de la Reforma Agraria. Esta firma se habría creado exclusivamente para usar en el plan de usurpar la tierra del Estado violando todo marco legal, lógicamente, mediante la complicidad de los funcionarios públicos que cobran millonarias coimas para permitir este tipo de irregularidades.
Lo que demuestra la complicidad de los funcionarios es el nulo interés por parte de las autoridades de turno, principalmente los del INDERT, actualmente a cargo del presidente Francisco Ruiz Díaz.
Este esquema de explotación irregular de la tierra genera supuestamente una multimillonaria ganancia a los funcionarios, principalmente del INDERT, a cambio de su silencio. Es que estas tierras están cubiertas de plantaciones de soja, cuyo rédito es para los empresarios y los funcionarios corruptos.
Los responsables de asesoría jurídica del INDERT jamás promovieron alguna acción para recuperar estas extensas parcelas, como es de esperarse, pues también tendrían su “comisión” en cada cosecha de soja.
Un grupo de sintierras manifestó que intenta recuperar la propiedad, pero que desde el INDERT ponen trabas, atendiendo a que sería el principal negocio de los funcionarios de la institución.
