El mes de enero en Alto Paraná nos ha presentado cifras alarmantes, marcando un inicio de año caracterizado por la inseguridad desbordante. Más de cien asaltos, al menos ocho robos de vehículos y un constante sentir de vulnerabilidad entre la población son un llamado urgente a la acción. Es evidente que la Policía Nacional debe replantear sus estrategias y redoblar esfuerzos para salvaguardar la seguridad en la zona metropolitana, comprendida por Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga Guazú y Hernandarias.
La sensación de una «zona liberada» parece emerger de los relatos diarios de violencia que afectan a nuestros conciudadanos. Los asaltos perpetrados por delincuentes fuertemente armados, incluso disfrazados de policías, se han vuelto una realidad inaceptable. La reciente toma violenta de una vivienda en Ciudad del Este, así como la posibilidad de complicidad interna, subrayan la necesidad inmediata de una reforma en las estructuras de seguridad.
Aunque los investigadores siempre afirman contar con pistas valiosas, los resultados tangibles son escasos. La captura ocasional de un delincuente no debería depender de la casualidad, y la presencia policial no debería limitarse a situaciones específicas. Es esencial que las acciones preventivas y de respuesta sean una constante, brindando a los ciudadanos la confianza de que la justicia será cumplida.
Lamentablemente, el flagelo de los motoasaltantes persiste, desafiando la seguridad en la región. Se ha hablado de fortalecer la presencia de agentes de Linces, pero estas promesas no se han materializado. El comisario general Carlos Humberto Benítez, comandante de Policía, durante su reciente visita, debe haber tomado nota de la gravedad de la situación y la necesidad imperante de una acción más enérgica.
Es hora de pasar de las palabras a los hechos. La seguridad de los ciudadanos no puede ser comprometida por la ineficacia o falta de recursos. El comandante de la Policía Nacional y las autoridades competentes deben implementar medidas concretas y sostenibles para enfrentar la ola delictiva que azota nuestra región.
En este contexto, la tranquilidad de la ciudadanía se erige como una prioridad irrefutable. La gente merece vivir libre del acoso de los malvivientes, gozar de la paz y certeza de que sus vidas y propiedades están resguardadas. La restauración de este sentido de seguridad no solo implica acciones reactivas, sino también una inversión sostenida en tecnología, capacitación y recursos para fortalecer el aparato policial.
La sociedad anhela un cambio tangible, donde las calles no sean territorio de la delincuencia, sino espacios seguros para el desarrollo y la convivencia. Es imperativo que las autoridades reconozcan la gravedad de la situación y actúen con determinación para devolver a la ciudadanía el derecho fundamental a vivir sin miedo. En este llamado a la acción, la inversión en la Policía Nacional se presenta como un pilar fundamental para construir cimientos sólidos de seguridad y justicia en Alto Paraná.
