
Por auto interlocutorio nº 5 del 12 de enero último, la jueza penal de garantías de la ciudad de Minga Porã, Cinthia Garcete, ordenó el arresto domiciliario de un sicario, recluido por homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa. Fue tras un pedido de revisión de medidas solicitado por el abogado Pedro Vera Fariña, representante legal del criminal, beneficiado por la magistrada Garcete.
El hecho ocurrió el 11 de enero del año pasado, alrededor de las 15:30, cuando David Ferreira García llegó al agroshopping COOPASAM, periferia del distrito de Minga Porã portando dos poderosas armas de fuego. En el local se encontraba su primo, el productor sojero José Ferreira Dos Santos, de 63 años, contra quien sin mediar palabras vació el tambor de una pistola 9mm, dando en su humanidad unos once proyectiles que le produjeron la muerte de manera instantánea, según los antecedentes.
En la oportunidad, también recibió heridas de arma de fuego el empleado del local Julio César Arévalos, quien fue auxiliado y traído a un centro médico privado de la capital departamental, donde estuvo internado en estado de gravedad.
NO HUBO MÉRITOS
Para el fiscal de la causa, Edgar Benítez, convocado a la audiencia de revisión para el procesado, no hubo méritos para modificar la medida cautelar personal que pesaba contra David Ferreira García, por tanto, se opuso a la intención del defensor técnico que pretendía para su cliente, medidas alternativas a la prisión, pese a la tipificación que tiene expectativa de pena máxima, según la norma vigente.
En el considerando de su resolución de 14 fojas, la magistrada que aplica el derecho según “la cara del cliente”, alude una serie de situaciones, pese a las refutaciones planteadas por la representación pública y luego concede el arresto domiciliario al acusado, que tiene pendiente su audiencia preliminar para elevar la causa a juicio oral y público. Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía están las filmaciones de circuito cerrado de seguridad donde se registró el criminal atentado.
Garcete, según la parte resolutiva, impuso al acusado una fianza personal de G. 200 millones y otra real, consistente en una propiedad ubicada en la ciudad de Villarrica, que deberá embargar hasta cubrir la suma de G. 400 millones.
De hecho, el Ministerio Público manifestó su agravio en apelación general planteada ante la sala penal de la cámara, en tiempo y forma, conforme la ley vigente.