El inicio del año ha sido testigo de anuncios por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), destacando su intención de desconectar a alrededor de 100.000 usuarios debido a deudas acumuladas. Sin embargo, mientras la atención se centra en los ciudadanos comunes, una problemática más compleja y perjudicial para el país se desenvuelve en las sombras de Alto Paraná: las granjas mineras de criptomonedas.
Este fenómeno, compuesto por al menos 40 instalaciones operadas en su mayoría por extranjeros de dudosa reputación vinculados a actividades ilícitas, está saqueando impunemente grandes cantidades de energía eléctrica. Las evidencias sugieren que estas operaciones, más allá de los aspectos económicos, están siendo utilizadas como fachada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
En un contraste sorprendente, el gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, anuncia con firmeza la desconexión de aquellos que acumulan deudas, mayormente ciudadanos comunes, mientras las granjas mineras continúan su actividad ilegal sin consecuencias reales. Este desequilibrio en la aplicación de las medidas revela una desconcertante falta de priorización y enfoque por parte de las autoridades.
El proceso de minería de bitcoins, en el cual se utilizan potentes servidores que consumen enormes cantidades de energía, ha pasado desapercibido en gran medida por parte de la ANDE. A pesar de esporádicos esfuerzos conjuntos con la Fiscalía, las acciones hasta ahora han resultado insuficientes para frenar la creciente pérdida de millones de dólares anuales para la estatal.
Es crucial destacar que la falta de medidas efectivas no solo se debe a la negligencia de la ANDE, sino que se extiende a la complicidad que se presume existe entre algunos funcionarios públicos corruptos y empresarios de oscuros antecedentes. Informes de inteligencia señalan que las pérdidas de la ANDE podrían alcanzar hasta los 40 millones de dólares anuales debido al descomunal robo de energía eléctrica por parte de estas granjas mineras.
El ex diputado Carlos Rejala fue uno de los pocos que levantó la voz sobre esta grave situación, solicitando informes y la interpelación de las principales autoridades de la ANDE. Sin embargo, la inercia del Congreso después de su partida revela una falta de compromiso con la resolución de este problema que va más allá de las pérdidas económicas para la estatal.
En este contexto, la ANDE anuncia un agresivo plan para desconectar a usuarios morosos, pero omite abordar de manera efectiva el enorme problema representado por las granjas mineras de criptomonedas. La falta de acción en este sentido no solo perpetúa las pérdidas económicas, sino que también perpetúa la impunidad de aquellos que operan en la ilegalidad.
En resumen, el desequilibrio en la política de desconexiones, la complicidad sospechada entre actores corruptos y empresarios inescrupulosos, y la falta de acciones significativas para abordar las granjas mineras de criptomonedas son cuestiones que exigen una revisión urgente. La ANDE y las autoridades pertinentes deben priorizar medidas que aborden no solo las deudas de los ciudadanos comunes, sino también el grave problema que representan las operaciones ilegales que amenazan la estabilidad del suministro eléctrico y la integridad económica del país.