Desde el Ministerio Público dieron a conocer cifras alarmantes sobre los casos de denuncias por violencia familiar que se registraron desde enero hasta diciembre del año pasado. Según el informe, de enero a diciembre del año pasado se registraron un total de 31.701 denuncias por violencia en el seno familiar.
Desde el 2019 la violencia familiar se viene posicionando como uno de los tres hechos punibles más frecuentes a nivel país, tanto que al igual que este año, en el 2020 y el 2022 también fue el hecho por el cual se ingresaron mayor cantidad de causas ante la Fiscalía. Desde el 2020 la cantidad de causas ingresadas de manera anual a la unidad especializada de Lucha Contra la Violencia Familiar a nivel país se ve en ascenso, teniendo en cuenta que en el mencionado año se dieron 25.953 causas, en el 2021 este número aumentó considerablemente, llegando a las 29.887 causas ya en el 2022 se alcanzaron las 31.621 causas abiertas y nuevamente este número fue superado en el 2023 con un total de 31.701 denuncias.
Indudablemente son cifras que deben llamar a la reflexión. Un país con semejante récord revela que algo está enfermo muy dentro de su sociedad, en el seno de la familia y de las relaciones interpersonales. Con el agravante de que se trata de una violencia que destruye hogares, nos expone a seguir multiplicando patrones de conducta agresiva y de maltrato, al tiempo que rompe los lazos de confianza y comunicación, fundamentales en la construcción de más y mejores ciudadanías.
Dice la Fiscalía que en lo relacionado con violencia intrafamiliar, las dificultades están en que muchas víctimas no siguen adelante con los procesos y los investigadores se quedan sin testimonios que resultarían fundamentales a la hora de judicializar a los agresores. Así mismo, la congestión en los despachos hace que estos procesos se estanquen por falta de fiscales especializados.
En un país con un aumento desmedido de la delincuencia en todas sus facetas, resulta complejo pedirle al aparato judicial que atienda eficazmente los casos de agresión que tienen lugar en la casa. Pero hay que hacerlo. Es un deber de la justicia atacar decididamente estos flagelos por todo lo que implican. Si permitimos que la violencia siga siendo la constante allí donde deberían anidar el respeto por el otro y el cumplimiento de las normas, no tendremos derecho a quejarnos. Y en ello juegan papel preponderante las mismas familias y el aparato educativo.
La educación es el primer paso para romper con esta cultura de la violencia, la opresión, para erradicar la discriminación y la violación de los derechos humanos para estar en pie de igualdad con los hombres, en la búsqueda de una sociedad mejor.
Esta es una lucha que convoca a toda la sociedad, más allá de las diferencias políticas o de enfoques. No será posible lograrlo si hay divisiones, si se promueven perversamente confusiones. Es tiempo para unificar posiciones, luchar por lo mismo. Hombres y mujeres que no quieren que sus madres, hijas, hermanas, sobrinas, amigas, sean golpeadas o asesinadas por el simple hecho de ser mujer.
