
El tribunal de apelación especializado en delitos económicos le dio seis meses más al fiscal Silvio Corbeta para investigar al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otros coprocesados. El requerimiento conclusivo debía ser presentado el 19 de enero próximo, pero la presentación fue postergada para el 19 de junio de este año, conforme con la resolución de los camaristas Arnaldo Fleitas, María Belén Agüero y José Waldir Servín.
Se trata del sonado caso de compras de alimentos durante la pandemia. El intendente municipal está imputado por lesión de confianza por la supuesta compra irregular de mercaderías de la empresa Tía Chela SRL. La entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) denunció inconsistencias en la trazabilidad sobre el pago de G. 1.700 millones de una licitación de G. 2.900 millones para la compra de 25 mil paquetes de alimentos, a través de una licitación por la vía de excepción entre el 20 al 27 de marzo del año 2020.
Este caso había sido denunciado por el exconcejal municipal Celso “Kelembu” Miranda, quien notó que la compra se realizó de una despensa que no tendría capacidad para la provisión. La SET descubrió que al menos tres empresas señaladas en los documentos fueron proveedoras ficticias y que con el pago a Tía Chela por el valor mencionado, se consumó un daño patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Sobre el caso también están imputados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, como autor, al igual que Prieto, mientras que Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Himinio Ramón Acuña, Cirle Alizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez, están imputados como coautores.
INOCENCIA
Por su parte, el intendente siempre aseguró estar 100 por ciento seguro de su inocencia y que lo ven como enemigo, porque su modelo de gobierno no agrada. Denunció que los fiscales que lo imputaron recibieron órdenes y los procesaron de “mala gana”.
Su defensa siempre sostuvo que para que su cliente sea acusado por lesión de confianza, se requiere de un daño patrimonial y que cualquier problema administrativo tiene sanciones en el campo administrativo, que está en los informes de la Contraloría General de la República (CGR) y que no denuncia hechos punibles en esta compra.
Siempre se reconoció que pudo haber problemas administrativos en el proceso, pero insisten en que, para que haya un hecho punible de lesión de confianza, tiene que haber un daño patrimonial y se ha demostrando con los vídeos y fotografías que documentaron las entregas de los víveres.