TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Agente de la Patrulla Caminera habría pagado para ser desvinculado de investigación de asalto

Carlos Pérez Ríos, agente de la Patrulla Caminera, estaba siendo investigado por su presunta vinculación en varios asaltos, entre ellos el atraco a empleadas del surtidor Petropar de Mallorquín. Incluso, contaba con orden de captura, sin embargo, milagrosamente el fiscal Alfredo Acosta Heyn levantó la orden de detención antes de que el mismo pise la comisaría.

JUAN LEÓN MALLORQUÍN. Una vez más, el propio Ministerio Público se encargó de echar por tierra toda la investigación policial sobre varios atracos ocurridos en esta zona del país. Un caso llamativo afecta a un agente de la Patrulla Caminera, que sería importante apoyo logístico de una banda de asaltantes, y era investigado e incluso contaba con orden de captura. Milagrosamente, fue desvinculado de la investigación y la orden de detención fue levantada por el fiscal de Yguazú, Alfredo Acosta Heyn, sin que el hombre pise una comisaría. Entre los golpes que se le atribuye a esta gavilla están los atracos a casas comerciales y estaciones de servicio de Mallorquín y O’Leary.

Se trata de Carlos Pérez Ríos, agente de la Patrulla Caminera, oriundo de Ka’arendy Guasu, del distrito de Juan L. Mallorquín. Según la investigación policial, sería apoyo logístico de una banda de asaltantes que opera en esta parte del país. Pérez Ríos había facilitado armas a los delincuentes que el pasado 11 de diciembre de 2023, cerca del mediodía, interceptaron a dos empleadas de la estación de servicios del emblema Petropar “Ka’arendy”, situada al costado de la Ruta PY 02.

En la ocasión, resultaron víctimas Ilda Idalina Rojas, de 38 años, administradora del surtidor Petropar, y Ruth Paredes Benítez, de 23, empleada de la estación de servicios. A la hora indicada, ambas se dirigían hasta la sucursal del Banco Nacional de Fomento de Juan L. Mallorquín a abordo de un automóvil Toyota Allion, de color blanco, con matrícula HGN 232.

Circulaban sobre la avenida Ka’arendy y cuando faltaba una cuadra para llegar a la entidad bancaria, situada sobre la avenida Gral. Bernardino Caballero y 14 de Mayo, fueron interceptadas por delincuentes que se desplazaban en un automóvil Suzuki Celerio de color plata. Dos de los marginales descendieron y encañonaron a las víctimas, obligándolas a entregar los G. 67.000.000, producto de la recaudación del fin de semana.

VEHÍCULO INCINERADO

Minutos más tarde, vecinos alertaron a la Policía que un automóvil estaba ardiendo en llamas. Al llegar al sitio, a unos 5.000 metros de la Ruta PY02, los intervinientes hallaron el auto de la marca Suzuki Celerio, año 2011, color gris, con chapa BSK 175. El rodado fue abandonado sobre la calle Paz del Chaco Sur, a 5.000 de la ruta y los delincuentes huyeron en otro rodado. Según la Policía, el vehículo utilizado para el atraco y luego quemado estaba denunciado como rodado.

INVESTIGACIÓN

Con relación al caso, el fiscal Alfredo Acosta Heyn abrió la causa nº 760/23  y ordenó la detención de Rubén Darío Saucedo Salinas (21), dueño de un automóvil de la marca Toyota Allion, color perla, con matrícula BLB 394, inscripto en el RUA a nombre de Lilian Beatriz Denis de Reyes. Saucedo Salinas fue detenido el 28 de diciembre pasado y de su poder se incautó el referido rodado. En su declaración, este hombre dijo que el día del hecho prestó su auto a su amigo, Ángel Rodrigo Montiel Rotela (23), quien habría actuado de “piloto de fuga” y ahora está prófugo.

AGENTE DE LA CAMINERA INVOLUCRADO

En la investigación fiscal-policial también fue involucrado un agente de la Patrulla Caminera, identificado como Carlos Pérez Ríos, quien, según la Policía, actuaba como apoyo logístico de la banda. El fiscal Alfredo Acosta Heyn ordenó la detención del “zorro”, pero llamativamente, el 23 de diciembre del 2023, mediante el oficio fiscal nº 1.216, levantó la orden de detención del funcionario público, sin que este siquiera pise una comisaría. Según fuentes, Pérez Ríos habría pagado unos G. 30 millones para que su nombre quede limpio.

Ante esta situación, el propietario del surtidor, Carlos Santacruz, quedó totalmente decepcionado del Ministerio Público, ya que es evidente que el caso va camino al famoso “oparei”.

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