Una de las cosas que esperamos y deseamos puedan mejorar este 2024, es la justicia paraguaya, tan cuestionada, corrompida y prostituida en los últimos años. En Alto Paraná, casi todos los jueces tuvieron diversos cuestionamientos en el desempeño de sus funciones el año pasado. Pero entre todos, resaltó la figura de la polémica y cuestionada magistrada Cinthia Garcete, quien fue severamente criticada por las decisiones antojadizas que asumió en varios sonados casos, como el de los policías gatillo fácil, que mataron a una pareja durante un fallido operativo y que hoy están todos libres gracias a la Garcete, quien sigue operando para que éstos agentes sean blanqueados en forma definitiva.
La justicia se parece cada vez más a un gigantesco lavarropas de donde emergen, limpios y fragantes, los más grandes saqueadores del Estado. Los casos más graves en que ella ha entendido han terminado con absoluciones vergonzosas o con sentencias simbólicas y tibias, fácilmente sustituibles por penas alternativas. El objetivo de estas últimas es evidente: permitir a los pícaros disfrutar de sus riquezas malhabidas sin mayores contratiempos.
Es así como la justicia se ha convertido en una de las maneras más rápidas de hacer dinero, con la connivencia de los políticos, la indiferencia de la Corte Suprema y la impunidad que provee el Jurado de Enjuiciamiento cuando alguien cae bajo sospecha y es objeto de una denuncia por sus despropósitos. De hecho, es lamentable la labor del JEM, que ha fallado en castigar a jueces y fiscales corruptos y más bien se ha convertido en aliado de los que delinquen y cometen barbaridades en nombre de la “justicia paraguaya”, sin pudor alguno.
Y así, en todo el país son notorios los ejemplos de jueces, fiscales, síndicos y camaristas que exhiben una rápida prosperidad, la cual se manifiesta en signos externos resplandecientes, tales como casas, automóviles y cuentas bancarias, además de una vida rumbosa que escandaliza a todo su vecindario y a quienes los conocen, sin hablar del entorno de los propios miembros de la Corte Suprema, donde menudean los parientes cercanos y los cortesanos que tejen una espesa red de influencias a lo largo y a lo ancho de la República.
Recientemente, se informó que la Contraloría General de la República realizó un estudio de correspondencia de bienes con relación a veinte jueces y fiscales y se concluyó que hay inconsistencias en declaraciones juradas que deben ser subsanadas o será reportado al Ministerio Público. El Consejo de la Magistratura había solicitado el análisis de las declaraciones juradas de 121 jueces, fiscales, camaristas, fiscales y síndicos de quiebras y de ello se encontró este reporte. Es de esperar que estos casos no sean mera anécdota y realmente se pueda investigar y llegar al fondo, si los que figuran en la lista verdaderamente se enriquecieron de manera ilícita.
En resumen, el daño que esta justicia ha hecho al país tardará muchas décadas en ser reparado. Si hay algo que deja huellas perdurables en el espíritu colectivo, son el descreimiento, el escepticismo, la pérdida de la fe. Cuando el alma de todo un pueblo ha sido desgarrada por una firme desconfianza, todas las instituciones se agrietan y todo el quehacer colectivo se entorpece, el país entero se sumerge en un pantano insondable, del que ya no puede salir.