TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Condenas leves, impunidad y desidia propician galopante corrupción policial

Polibandis procesados por extorsionar a una pareja brasileña en Torín fueron condenados a una pena ínfima de 2 años y medio de prisión.

La alarmante cantidad de agentes de la Policía Nacional procesados por diversos delitos es una de las principales preocupaciones que aquejan a la sociedad paraguaya en la actualidad. Extorsiones, casos de “gatillo fácil” y hasta hechos delictivos comunes, como robos y asaltos, forman parte del extenso prontuario que mancha el uniforme de la institución encargada de velar por la seguridad ciudadana. Lo más indignante para la población reside en la tibieza con la que opera el sistema judicial a la hora de juzgar a los uniformados infractores. En la mayoría de los casos, las condenas se traducen en penas ínfimas que no guardan relación con la gravedad de los delitos.

Algunos de los ejemplos que claman por justicia son el caso de la pareja brasileña extorsionada en la zona de Torín, departamento Caaguazú; en noviembre pasado, cuando cinco agentes fueron condenados a exiguos 2 años y 6 meses de prisión por extorsionar a una pareja de turistas brasileños, a quienes exigieron la suma de R$ 50.000 para no involucrarlos en un hecho punible.

Muerte a sangre fría: En julio de 2022, Juan Daniel Ortigoza (26) recibió un disparo en la cabeza por parte de agentes policiales durante una confusa persecución. Tres de los responsables fueron condenados a 2 años con suspensión a prueba de la pena, mientras que otros cuatro fueron beneficiados con salidas procesales aún más benevolentes.

Gatillo fácil con ínfima pena: El suboficial Ariel Sanabria Ortiz recibió la mínima condena de 3 años de cárcel por matar de un disparo a un joven padre de familia que se encontraba sentado frente a un taller con su hija en brazos.

IMPUNIDAD PARA 11 AGENTES

Igualmente, hay justificados temores que 11 presuntos policías “gatillo fácil”, que ejecutaron a una pareja en un frustrado operativo en noviembre de 2022, también reciban condenas ínfimas. Pese a estar procesados, los mismos siguen trabajando normalmente. Las víctimas, Álex Enrique Alejandro Ortiz (24), y su acompañante Gloria Espínola Cáceres (30) viajaban en un automóvil Toyota Allion que fue acribillado por los policías durante una persecución. Los uniformados involucrados en el operativo son el comisario Hugo Florentín Stiglich, el subcomisario Manuel Ramón Villalba, el oficial Roberto Samaniego y los suboficiales Richard Seberiano, Rubén Giménez, Alder Centurión, Pedro Brítez, Jaime Ramírez, Javier Martínez, Alfredo Villalba y César González.

Sobre este caso, la Fiscalía formuló acusación y requerimiento de apertura de juicio oral y público en la causa. El hecho punible está tipificado como homicidio doloso, por lo que la expectativa de pena para los autores es de 20 a 25 años, sin embargo, se teme que la cuestionada jueza Cinthia Garcete, quien maneja la causa, maniobre para dejar en libertad definitiva a los policías, ya que la magistrada venía ya actuando siempre beneficiando a los uniformados, según denunciaron los abogados de familiares de las víctimas fatales, quienes recusaron a la jueza, pero ésta se sigue aferrando al proceso.

PROCESADOS, PERO SIGUEN EN LAS CALLES

Los mencionados son apenas algunos de los casos, en donde polibandis o agentes “gatillo fácil” son procesados y condenados a penas ínfimas. Y lo más preocupante es que en algunos casos, como el de la suboficial primero María Soledad Rojas Domínguez, quien fuera detenida y procesada por reducción en calidad de cómplice, en el marco del “Operativo Heiwa”, sigan trabajando “normalmente”, pese a estar procesados. Rojas Domínguez actualmente se encuentra en libertad ambulatoria con medidas alternativas a la prisión e increíblemente ya fue reincorporada al cuadro activo de la Policía Nacional, prestando servicios exactamente en la misma comisaría donde estaba antes de ser detenida por agentes del Dpto. Antisecuestro de la Policía.

La impunidad como cáncer: Estos son solo algunos ejemplos de una realidad que carcome la confianza de la sociedad en la institución policial. La impunidad policial se erige como un flagelo que mina la seguridad jurídica y el Estado de derecho en Paraguay. La sociedad civil en su conjunto debe alzar la voz y exigir justicia y reformas profundas para erradicar la cultura de impunidad que impera en las filas de la Policía Nacional.

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