TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Comercio fronterizo cierra otro año sin un nuevo régimen de turismo

El comercio de Ciudad del Este depende de su nivel de competitividad.

Ciudad del Este y los demás ciudades de frontera cierran otro año sin un nuevo régimen de turismo. El actual Gobierno, través de su equipo económico, habló sobre la elaboración de una nueva resolución, pero hasta el momento no se tiene ningún cambio. En tanto del proyecto que se encuentra en la Cámara de Senadores, hasta el momento, está congelado.

Se trata de una herramienta fundamental para generar mejores condiciones tributarias para competir con las tiendas francas en pleno desarrollo en ciudades de frontera del Brasil, entre ellas Foz de Yguazú, ciudad espejo de Ciudad del Este.

Hace tres años se presentó un proyecto impulsado por la ex senadora Georgia “Nani” Arrúa, junto con otros cuatro legisladores, pero concluyeron su periodo sin poder convertirlo en un ley. Esta propuesta se originó en la Cámara de Comercio de Servicios de Ciudad del Este y contó con el apoyo de gremios comerciales y empresariales de las demás ciudades fronterizas.

La propuesta original pasó por varias modificaciones debido a la presión que ejercieron sectores como la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de Supermercaditas. Pese a los cambios, nunca hubo un acuerdo pleno, por lo que las veces se que logró incluir en el orden del día de la Cámara de Senadores, la presión del sector empresarial de la capital peso más y lograron congelar el proyecto.

El proyecto está congelado desde marzo del año pasado cuando el Senado anterior resolvió “postergar sine die” el dictamen para seguir deliberando y recibir informes de los sectores afectados, hecho que nunca ocurrió.  Hay que recordar que el tratamiento de la propuesta tributaria para el comercio de frontera se venía aplazando desde diciembre del año 2021.

COMPETITIVIDAD

El proyecto no tiene muchos secretos, tampoco es cosa de otro mundo, solo apunta a mejorar las condiciones de competitividad del comercio de frontera. Fue ideado exclusivamente para el comercio de reexportación.

Incluye la implementación de la factura electrónica como requisito fundamental para acceder a este beneficio. Al estar claramente reglamentado, este proyecto busca penalizar todo intento de contrabando.

En ese contexto la propuesta busca dejar sin efecto aranceles aduaneros, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), estableciendo un impuesto único del 4,5 % correspondiente al Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).

Este es el principal cuestionamiento de los empresarios que se dedican al mercado interno, señalando que ellos podrían verse afectados por el contrabando, descalificando los mecanismos de control que se propone.

Los defensores del proyecto sostienen que el nuevo régimen apunta a la formalidad y sanciona el contrabando. El actual régimen de turismo se encuentra regulado por un decreto presidencial y no por ley. Es decir que la lista de los productos que entran bajo esta liquidación se presta a manipulaciones aduaneras, por lo que no hay previsibilidad en el tiempo y perjudica a emprendedores.

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