
Los agentes fiscales Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Fabiola Molas presentaron ayer imputación contra seis de los detenidos tras los allanamientos simultáneos desarrollados en los departamentos Central y Alto Paraná. Los mismos quedaron a disposición de la jueza de garantías Lici Teresita Sánchez. En tanto, los otros 10 detenidos con fines de extradición a Brasil quedaron a cargo del juez Gustavo Amarilla. Asimismo, el Ministerio Público reveló la lista de más personas que ya cuentan con orden de captura por su supuesta participación en el esquema de tráfico internacional de armas.
Los procesados fueron identificados como Paulo César Fines Ventura, imputado por tráfico ilícito de armas, hechos punibles conexos de la Ley de Armas (tentativa, complicidad, organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación, financiación, asesoramiento), en calidad de cómplice, alteración de datos, asociación criminal, alteración de datos relevantes para la prueba y denuncia falsa.
Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano fue imputado por tráfico ilícito de armas, cómplice, y por hechos punibles conexos de la Ley de Armas en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor. Victorino Gómez Paredes por tráfico ilícito de armas y por hechos punibles conexos en calidad de cómplice y asociación criminal como autor.
Los militares, Gral. (S.R.) Jorge Antonio Orué Roa fue procesado como autor de tráfico de influencias; en tanto, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González fue imputado por cohecho pasivo agravado y asociación criminal; el Gral. (S.R.) Arturo Javier González Ocampo fue procesado por tráfico de influencias y asociación criminal. Los detenidos que cuentan con pedido de extradición al Brasil son: María Mercedes Ocampos, Eliane Marengo, Manuel Antonio Gómez, Arnaldo Cubas, Ángel Flecha, Aldo Cantero, Ricardo Morra, Julio Cubas, Josefina Cuevas y Cinthia Turro.
La operación Dakovo se desarrolló desde tempranas horas de ayer e involucró a 19 agentes fiscales que, junto a agentes especiales de la Senad, encabezaron allanamientos en Central y Alto Paraná. También se realizaron intervenciones simultáneas en Brasil y Estados Unidos. La intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.
19 FISCALES
Los agentes fiscales Fabiola Molas, Jorge Arce, Guillermo Sanabria, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Luis Said. Además de Néstor Coronel, Irma Llano, Viviana Coronel, Ingrid Cubilla, Fermín Segovia, Manuel Rojas, Natalia Fúster, junto a Rodrigo Estigarribia, Alma Zayas, Belinda Bobadilla, Elva Cáceres, Pamela Pérez y Carlos Almada, encabezaron los allanamientos simultáneos en los departamentos Central y Alto Paraná, que derivaron en la incautación de armas y dinero en efectivo.
Se trata del operativo denominado Dakovo, en el que también se realizan intervenciones en Brasil y Estados Unidos. El Ministerio Público de Paraguay cuenta con la colaboración de la Senad, la Policía Federal de Brasil y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Esta iniciativa marca un hito en la lucha contra el tráfico internacional de armas en la región.
Tras dos años de meticulosas investigaciones, la operación tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.
El alcance de la operación es amplio, cubriendo todos los eslabones de la organización delictiva: desde la cúpula de la empresa implicada, pasando por la autoridad reguladora (DIMABEL), hasta los intermediarios vinculados a grupos criminales.
La operación incluye una serie de allanamientos en tres países: 22 en Paraguay (Central y Alto Paraná) 10 en Brasil y 1 en Kansas, EE.UU. El foco de la investigación recae en la empresa Internacional Auto Suply, con sede en Asunción. Su presidente, Diego Dirisio, de origen argentino, y su pareja Julieta Nardi, son señalados como líderes de la red criminal.
Además, se busca capturar a varios colaboradores y vendedores de la empresa. Simultáneamente, se lleva a cabo una intervención en la sede central de DIMABEL en Asunción, donde se investiga a militares de alto rango por su participación en la autorización irregular de importación de armas y otras irregularidades.
El modus operandi de la red incluía la importación facilitada de armas desde Croacia, Eslovenia y la República Checa, a través de conexiones con DIMABEL. Estas armas eran vendidas a intermediarios vinculados con el crimen organizado en Brasil.
La operación también reveló el uso de identidades sin consentimiento y el borrado de números de serie de las armas para evitar su rastreo. Desde 2012, la empresa ha importado unas 25.000 armas, que en teoría se vendían en Paraguay, pero terminaban en manos de organizaciones criminales en Brasil y otras áreas de conflicto.
La estructura criminal utilizaba a cambistas (doleiros) para fragmentar y ocultar los flujos financieros, con operaciones entre Paraguay y Estados Unidos, fragmentando grandes sumas de dinero en transacciones menores.