Triste y preocupante es la realidad que se vive en Alto Paraná y el país. La situación de inseguridad genera gran preocupación y agobio a la ciudadanía. Las personas que sufren el efecto de la ola de delincuencia se sienten abandonadas por sus propias autoridades, las que deberían trabajar por procurar el bienestar de todos. Las condiciones en las que debe vivir la población son ya insoportables, ya que prácticamente ni encerradas en sus hogares se sienten seguros los ciudadanos.
Es oportuno recordar que, después de asumir el cargo en la cartera e Interior, el ministro Enrique Riera había anunciado que su trabajo se enfocaría en potenciar tres principales ejes para combatir la inseguridad que atraviesa nuestro país. Afirmó que potenciaría al Grupo Lince de la Policía Nacional, atacaría el microtráfico e implementaría el uso de las tobilleras electrónicas. Según Riera, el fortalecimiento de estos tres puntos sería crucial para la disminución de los hechos delictivos y para recuperar la seguridad.
Sin embargo, al culminar los cien días de gestión, el ministro, que como intendente de Asunción primero, como ministro de Educación y como senador, solía hablar de temas muy variados, resulta evidente que nunca se especializó en materia de seguridad, sino más bien en ajustarse a sus conveniencias políticas del momento.
Aparte de haber modificado el organigrama de la Policía Nacional (PN), cuyo nuevo comandante comisario general Carlos Humberto Benítez anunció un mayor control interno ante la multiplicación de “polibandis”, el ministro Riera cree ahora necesario engrosar el número de efectivos, que hoy ronda los 25.000, para lo cual habría que aumentar el Presupuesto, que este año llega a 2,9 billones de guaraníes (unos 391 millones de dólares). Pero antes que reforzar el plantel y de gastar más dinero público, donde hace tiempo se debió poner el foco es en la integridad de los propios efectivos policiales, sobre los cuales surgen a menudo sospechas y denuncias.
En efecto, un mayor número de agentes policiales no conllevará automáticamente un incremento de la seguridad si la Academia de Policía y demás institutos del ramo no efectúan un control mucho más riguroso de la preparación intelectual y –sobre todo– moral de los egresados. Según la autocrítica del ministro Riera, hasta ahora “el cambio interno no se vio”. Queda abierta la pregunta de cuándo dará frutos, para que el Paraguay no llegue a superar a México o a Colombia en materia de criminalidad organizada, mientras también la delincuencia común jaquea a la población.
Llama la atención la “novedad” que ahora el ministro Riera arroja en la cara de la gente, que “la batalla contra la delincuencia se está perdiendo”. ¿No leyó que, desde hace tiempo, las más altas autoridades han venido advirtiendo que el crimen organizado se ha insertado en las instituciones del propio Estado? En cuanto a la delincuencia común, la prensa se encarga de informar todos los días de las vicisitudes que sufre la población por culpa de malvivientes de toda laya, que hasta se disputan territorios en los barrios bajos y en otros lugares. Parece que recién ahora se interiorizó de lo que representa ocupar la función de ministro del Interior, ¡y se asustó!, saliendo a lanzar tan lúgubre anuncio, además de peligroso, porque es como decirles a la población: “ármense y defiéndanse, porque nosotros no podemos”. Urge que se delineen acciones, planes y políticas públicas para combatir la delincuencia y la violencia urbana. Es inaceptable que el Estado paraguayo permita a través de sus instituciones que en el Paraguay se enseñoree la criminalidad por todo el país de manera impune. Los paraguayos tienen derecho a una vida segura y con bienestar. El presidente Santiago Peña debe analizar detenidamente la gestión de su ministro del Interior y del Comandante policial y sacar las conclusiones adecuadas.
