Los miembros de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Ciudad del Este, Lilian Lorena Benítez, Miryan Meza y Ramón Echeverría, confirmaron a la cuestionada jueza Cinthia Garcete para seguir entendiendo en la causa en la que ya había liberado a los policías gatillo fácil, sindicados de asesinar a tiros a la pareja Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y Gloria Yetsica Espínola Cáceres, el 19 de noviembre de 2022, durante un fallido operativo de los agentes, en el km 12 Acaray de capital del Alto Paraná.
La indudable parcialidad de la jueza Cinthia Garcete violando artículos del Código Penal, al liberar a los sindicados de matar a una joven pareja, por la que soporta dos denuncias (una en la Fiscalía y otra ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados) por el abogado de la familia de las víctimas, no bastaron para que los camaristas apartaran a la citada magistrada de la causa. De esta manera, los miembros de la sala penal de apelaciones de Ciudad del Este evidencian, una vez más, que en el Poder Judicial existe una verdadera rosca conformada por administradores de justicia, donde todos se encubren y una mano lava la otra.
Fuentes fidedignas revelaron que el miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por los EE.UU. y considerado como principal protector de los jueces corruptos, una vez más, operó para que los miembros de la Cámara de Apelaciones confirmaran a Garcete y así minimizar su actuación en la que benefició con arresto domiciliario a los agentes.
Recordemos que la citada jueza está denunciada por cohecho pasivo agravado, conjuntamente con el fiscal Alcides Giménez, con quien se habría confabulado para otorgar arresto domiciliario a los policías “gatillo fácil” que, en noviembre del año pasado, acabaron con la vida de una joven pareja, en un procedimiento policial fallido.
La grave denuncia fue presentada por el ciudadano Mario Espínola Rojas, pariente de una de las víctimas fatales. El escrito presentado sostiene que la jueza orquestó un plan con el fiscal para otorgarles el arresto domiciliario a los policías recluidos entonces en la Agrupación Especializada, a cambio de recibir G. 150 millones cada uno. Para el efecto, la fiscala Vanesa Candia fue apartada con una recusación, porque no estuvo de acuerdo en que la investigación quede con su colega Giménez, según la denuncia.
Cinthia Garcete tiene el mote de ser la jueza más rechazada del Alto Paraná; pese a las graves denuncias por las descabelladas resoluciones y mal desempeño presentadas contra la magistrada, la misma sigue campante en el cargo, gracias a sus “buenos contactos” y padrinazgos en el Poder Judicial. Entre sus antecedentes, la Garcete en su momento, blanqueó a la pareja de exintendentes de CDE, Javier Zacarías Irún, y su esposa Sandra McLeod, en un proceso por serias irregularidades cometidas durante su función en la Comuna esteña. También liberó a un feminicida de una menor de 17 años, favoreció a un exagente policial procesado y condenado por abuso sexual en niños, curiosamente defendido por un integrante del buffet jurídico de su exesposo, el abogado Luis Giménez, entre varias otras denuncias que la afectan.
No en vano organismos como Transparencia Internacional, apuntan al Poder Judicial en nuestro país como el principal problema en el combate a la corrupción. También resulta comprensible que 8 de cada 10 paraguayos, ven al Poder Judicial como corrupto, pues mientras personas como Cinthia Garcete, amparadas por colegas y superiores, sigan “dictando justicia” en el país, no podremos esperar ningún tipo de mejoras.
