Un tribunal de sentencia que lleva adelante un juicio oral y público contra un sexagenario procesado por abuso sexual contra su nieta de cinco años estaría favoreciéndolo en abierta parcialidad. A tres meses de iniciado el contradictorio público, no se ha superado la etapa de pruebas testimoniales y menos las documentales. Presumen que se apunta a un recomienzo del juicio oral y público.
Así dijo ayer la abogada Noelia Díaz, querellante adhesiva, en el marco de un proceso abierto contra un sexagenario, abuelo de la niña víctima. Recordó las recomendaciones de la ministra de Corte Carolina Llanes, que son totalmente contradictorias a la actitud asumida por los miembros del tribunal de sentencia que preside el juez Fabio Aguilar e integrado por sus colegas Serafín González y Vitalia Duarte.
La letrada manifestó que el tribunal convoca a las audiencias y apenas se reinicia, llama a nuevo cuarto intermedio por presunta superposición de juicios, en abierto favorecimiento al procesado. Incluso, el colegiado habría admitido pruebas fuera del plazo legal.
VENDIÓ HASTA LA HELADERA
Díaz lamentó que la madre de la víctima ya se despojó de numerosas pertenencias para costear los gastos que demanda el juicio, principalmente para hacer frente a las decisiones del tribunal de sentencia. Ante los cuestionamientos, la querellante adhesiva, anunció que solicitará una auditoría de reacción inmediata en la causa, buscando la intervención de la Corte Suprema de Justicia y se dé orden al proceso y sus procedimientos.
El miércoles de la pasada semana, el presunto depravado de 66 años se presentó al juicio, pero los miembros del tribunal apenas realizaron algunas diligencias y ordenó un nuevo corte, para convocar nuevamente el próximo 24 del corriente. La abogada dijo a La Clave que existen fundados temores de que el objetivo de los jueces sería el vencimiento de los plazos procesales de modo a iniciar nuevo juicio en la causa.
Entre los desacuerdos más groseros contra el tribunal, destacó la admisión de una prueba consistente en análisis laboratorial realizado por el acusado en el sector privado. La víctima quedó contagiada con una enfermedad de transmisión sexual, tras sufrir las arremetidas de su abuelo. Contra la medida, Díaz objetó la admisión y planteó recursos de reposición y apelación en subsidio.
En estas condiciones, a tres meses de iniciado el juicio oral y público, el tribunal sigue dilatando llegar a la sentencia en el caso, al decir de la querellante.
