Los concejales disidentes Blanca Riquelme, Elio Núñez, Juan Barreto y Elizabeth Vargas se ratificaron en su denuncia contra el intendente de Minga Guazú, Diego Ríos, por presunto daño patrimonial a las arcas municipales, estimado en unos G. 300 millones. Aseguran que se pagó por obras inconclusas durante la ejecución del proyecto de refacción de la escuela Bernardino Caballero del centro urbano del km 16 Acaray.
Los ediles fueron convocados por la fiscal de la unidad 5, Carolina Rosa Gadea, en el marco de la investigación de la causa 16.065/2023, sobre la ejecución del contrato 18/2022, que fue adjudicado por la vía de la excepción.
El intendente Diego Ríos convocó a un proceso con esta figura legal, adjudicando a la firma unipersonal Emprendimientos S&S, de Sonia Elena Mendoza Vásquez. “Fue adjudicado a una empresa en el mes de octubre del año pasado para realizar la obra por un monto de unos G. 825.252.608. Esto se cubrió en dos pagos en el mes de diciembre de 2022”, relató la concejal Vargas.
El problema comenzó a principios de 2023 cuando los docentes y padres de familia de la institución denunciaron que las obras no concluyeron conforme al contrato. “A raíz de eso, a través de la Junta Municipal solicitamos al ejecutivo que nos informe sobre esta obra, ya que no pasó por nosotros debido a que se hizo por la vía de la excepción”, refirió.
En el informe remitido por el intendente Ríos, los ediles pudieron constatar que ya se pagó en su totalidad sin que aún haya concluido el trabajo. “Constatamos que no se han remitido los certificados de obras, tampoco había informe del fiscal; entonces, nos dimos cuenta que esa obra ni siquiera fue fiscalizada por la institución municipal”, acotó.
A partir de esta situación, la directora de la escuela, Carina Villasanti, presentó una denuncia ante la Junta Municipal solicitando la fiscalización de la reparación de la estructura edilicia de la institución. “Ellos ya sospechaban que la obra no fue ejecutada de forma correcta”, agregó la concejal.
A raíz de la denuncia, la Municipalidad contrató a un arquitecto para fiscalizar la obra, quien dictaminó que no se ejecutaron ítems por valor de G. 65.040.639, monto que finalmente la empresa devolvió. Sin embargo, los denunciantes sospechan que el daño patrimonial sería de G. 300 millones, ya que hablan de ítems sobrefacturados y otros inexistentes.
