Una nueva amenaza que atenta contra la libertad de prensa y expresión, en la forma de una querella por calumnia, difamación e injuria, es promovida por el subcomisario Pedro Regalado López Ibarra contra el director de La Clave, que publicó justificadas sospechas sobre la supuesta complicidad de este polémico agente policial con una gavilla de asaltantes y violadores, luego de hallarse su uniforme y otras pertenencias en poder de Julio Resquín López, cabecilla de la banda criminal y prófugo de la justicia.
En una serie de notas, nuestro diario se hizo eco de la grave situación ocurrida en las zonas de Yguazú, Tavapy y Santa Rita, donde esta gavilla sembraba el terror, mientras Pedro López supuestamente era el encargado de ofrecer “seguridad” en su carácter de policía, sin embargo, al final objetos suyos estaban en manos de los delincuentes, lo cual con justa razón echa un manto de dudas sobre su trabajo en el distrito de Yguazú.
Pedro López no debería de enojarse con La Clave o su director, sino más bien con el delincuente prófugo de la justicia Julio César Resquín, en cuyo domicilio en Tavapy fueron halladas sus pertenencias. En la vivienda de Resquín fueron hallados la campera con el portanombres de López, chaleco táctico de la Policía Nacional y municiones diversas, entre otras cosas, que serían del citado uniformado, quien ahora querelló a nuestro medio, porque “atentamos contra su honor”.
Ante los testimonios de colonos de Yguazú y de la Asociación Japonesa de Yguazú, cuyos datos mantenemos en reserva, amparados en lo que dicta al Art. 29 de la Constitución Nacional, que “El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”, publicamos las sospechas justificadas sobre posibles vínculos o incluso complicidad policial con los delincuentes, de los cuales cinco están detenidos y al menos otros tres, entre ellos el jefe del grupo, permanecen prófugos.
El subcomisario Pedro Regalado López Ibarra es un funcionario público y, como tal, tiene la responsabilidad de aclarar las denuncias que lo afectan directamente. En ese sentido, las páginas de La Clave siempre estuvieron abiertas para que cualquier persona afectada por alguna publicación pueda ejercer su derecho a réplica, que está consagrado en la Carta Magna, sin embargo, el alto jefe policial decidió ir directamente a una querella judicial, evidenciando con eso la clara intención de amedrentar y acallar a la prensa.
Con certeza, no será la primera ni la última querella promovida contra periodistas por parte de funcionarios del Estado, ni el primero ni el último hecho sospechado de corrupción policial que se pretende acallar mediante acciones judiciales. Los funcionarios que recurren a la justicia contra la prensa, cuando a todas luces tienen escasos o ningún argumento, lo hacen, sin embargo, confiados en que una sentencia favorable será su coronación, para lo cual esperan contar con algún juez complaciente.
La prensa libre, en particular, ha sido blanco preferido de algunos funcionarios por el temor que les inspira la luz que puede arrojar sobre sus conductas que de otra manera hubieran quedado ocultas. Por eso los ataques a la prensa, por eso los intentos de soborno a los periodistas, por eso la multiplicación de las querellas por supuestos hechos de «calumnia y difamación».
Hasta ahora esta ofensiva no ha tenido éxito y las querellas, en vez de atemorizarnos, más bien han constituido un acicate para persistir en la búsqueda de la verdad. La lucha es desigual, pero la ciudadanía sabe de qué lado están la razón, la decencia y el patriotismo, virtudes que, más temprano que tarde, prevalecerán contra los poderosos de hoy.
