Autoridades políticas buscan evitar nuevos conflictos en la ex finca 66

La reunión se realizó en la Gobernación de Alto Paraná.

Autoridades políticas del departamento se reunieron con los pobladores de la ex finca 66 a fin de evitar nuevos conflictos. El encuentro se desarrolló en la sede de la casa de gobierno departamental con la participación del gobernador César Torres, el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, diputados, senadores, concejales municipales y departamentales.

“Nos reunimos con todas las autoridades, diputados, senadores, el gobernador, concejales municipales y departamentales con la gente de la finca 66 para tratar esta problemática sobre los desalojos. Queremos frenar todos juntos los desalojos y esperar que se apruebe la mensura judicial para que la gente pueda tener su título de propiedad”, explicó Miguel Prieto.

Dijo que la intención es darles tranquilidad a las familias de las zonas afectadas por la ex finca 66, además de permitir a la Municipalidad recaudar en concepto de impuesto inmobiliario. “Va a aumentar la recaudación, es decir, todo viene encadenado. Esta es una causa especial, veo que hay una unidad total”.

Prieto confirmó que para hoy lunes tiene fijada una audiencia con el magistrado Juan Pereira, para pedirle que firme la resolución de aprobación de la mensura judicial. “Queremos la resolución que aprueba la mensura judicial. Pasa que hay mucha presión política o económica hacia los jueces para salir en contra de la Municipalidad de Ciudad del Este. El problema es que ningún juez se anima a firmar. Están muy presionados. Ese es el problema”.

Por su parte el gobernador de Alto Paraná Torres indicó que se trata de un tema por demás sensible, por lo que se decidió darle participación a todos los sectores. Acotó que la intención es tener una sola voz.  Remarcó que hubo una madurez política para tratar el tema entre todos los sectores. “Pocas veces se da esta situación. Hoy ya tenemos una hoja de ruta de lo que vamos a realizar”, refirió.

Hay una mesa de trabajo conformada por los asesores jurídicos de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná, representantes de los diputados y senadores y los vecinos afectados.