Salud pública es uno de los temas que menos interesan a los políticos

La familia del pequeño Fabio, que lucha contra el síndrome TBCK, una condición degenerativa para la cual aún no existe cura, pide apoyo y ayuda de la ciudadanía. Fabio ha estado librando esta batalla, mientras su familia se aferra a la fe y la esperanza. La situación del niño se ha vuelto aún más desafiante en los últimos tiempos, ya que la familia ha tenido que enfrentar obstáculos financieros en la adquisición de los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para su cuidado. En este momento están realizando una colecta para recaudar fondos con el fin de adquirir con urgencia un recambio del “botoncito” de gastrostomía del niño, vital para su alimentación.

Lastimosamente, el caso de Fabio no constituye una excepción, sino existen centenas de bebés, niños, adolescentes y adultos, que dependen de la solidaridad ciudadana para costear sus tratamientos, ya que el Estado les falla miserablemente en ese menester. Y como suele decirse, la salud es el bien más preciado del ser humano y resulta indigno que algunos que tengan que implorar o humillarse, solamente para ser atendidos u obtener medicamentos. Y lastimosamente, muchos mueren en el intento.

Es presumible que la enorme mayoría de las víctimas del sistema sanitario soporte sus calamidades en estoico silencio, pero las quejas que llegan a la opinión pública son más que suficientes para concluir que el derecho a la salud es violado cotidianamente en todo el país, de la manera más flagrante. Resulta así una burla cruel que la Constitución diga cuanto sigue: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes”. Los particulares suelen ser castigados cuando incumplen sus deberes, pero con las autoridades estatales no ocurre lo mismo: pueden ignorar sus obligaciones, pero siguen enlodando el cargo, aunque su corrupción, su ineptitud o su negligencia cuesten la vida o afecten la integridad física y psíquica de los gobernados.

Sería bueno que nuestros políticos, principalmente senadores y diputados, se interioricen del drama sanitario que vive la población, tomen conciencia y desde sus curules en el Congreso, busquen formas de alivianar las necesidades de la población más carenciada. Pero en general, a los politicastros no les inquieta el drama sanitario; al contrario, les sirve más bien para ganar votos, donando remedios o influyendo para que sus “recomendados” sean atendidos o consigan ambulancia, según se infiere de la arenga que Horacio Cartes lanzó en 2021 en San Juan Bautista de las Misiones: instó a los dirigentes colorados, que buscarían camas hospitalarias para sus correligionarios, a que “sigan haciendo tráfico de influencia para servir”, así que la crisis de la sanidad también sirve para cultivar la desvergüenza.

Tampoco los Consejos Locales de Salud, creados en 1996 e integrados por representantes de las instituciones relacionadas al sector, han servido tan siquiera para paliar el desastre sanitario, aunque administran los “fondos de equidad”, que complementan los recursos presupuestarios de la Regiones Sanitarias, a los que pueden sumarse los aportes de la Municipalidad, de la Gobernación, de otras entidades y de la comunidad toda.

Dado que dichos consejos son inoperantes y que la “clase política” no demuestra un mayor interés, solo resta confiar en que la movilización de los pacientes, de sus familiares y de la ciudadanía en general, constriña a los responsables de la salud pública a que cumplan con la obligación estatal de protegerla y promoverla, asistiendo a todos los habitantes para prevenir o tratar enfermedades.