Los cuatro municipios de la denominada “área metropolitana de Alto Paraná”, conformada por Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú y Presidente Franco, están pasando por serios problemas económicos, que se traducen en falta de pagos a funcionarios, concejales y proveedores. El argumento es que “los contribuyentes no pagan sus impuestos”, sin embargo, es sabido que en los últimos meses del año siempre bajan las recaudaciones, situación que no puede ser considerada una “novedad” por los jefes comunales, quienes con esto están demostrando su total inoperancia e inutilidad. En algunos casos, como la Comuna de Minga Guazú, anualmente, recurren a millonarios préstamos, con elevados intereses, para poder honrar las deudas con sus funcionarios.
Los funcionarios municipales e incluso concejales no están pasando nada bien en los distritos cabecera del décimo departamento. Los atrasos en el pago de salarios son de unos tres meses, en casi todos los casos, de acuerdo con los datos que se manejan. En Minga Guazú, el intendente Diego Ríos (Yo Creo) obtuvo recientemente el visto bueno de la Junta Municipal para un nuevo préstamo, de más de G. 3.000 millones del Banco Continental para el pago de salarios. Esta situación fue muy criticada por ediles opositores, quienes indicaron que el jefe comunal no rinde cuentas y cuestionaron los elevados intereses bancarios, señalando que debido a la inoperancia del ejecutivo, la Municipalidad entra en un “eterno bicicleteo” de deudas.
En Hernandarias, la situación es similar; los concejales y funcionarios municipales de este municipio soportan retraso del salario de entre tres y cinco meses. En tanto, el intendente Nelson Cano (ANR) clasifica en primera y segunda categoría a sus empleados. Así las cosas, los trabajadores nombrados tienen preferencia a la hora del cobro de sueldos, en tanto los contratados deben tener “más paciencia”. Así también en la Junta hay “clasificaciones”, pues los que son afines al jefe comunal están casi al día, en tanto otros están hace meses sin cobrar sus dietas. Literalmente, la Comuna hernandariense se encuentra en bancarrota. Esta situación sería únicamente por la pésima gestión de Cano que, según fuentes, ha realizado innumerables negociados que finalmente repercuten en los recursos financieros.
En Franco, la situación tampoco es mejor. El cuestionado intendente Roque Godoy (PLRA) ya dijo que no recurrirá a préstamos bancarios, lo cual significa que los funcionarios deberán esperar que mejoren las recaudaciones, presumiblemente a partir de febrero del 2024, para estar al día con sus salarios. Recientemente, trascendió que la Comuna recaudó más de G. 6.000 millones, entre enero y setiembre, en concepto de impuestos vehiculares (registros, multas, revalidaciones, constancias, etc.).
Sin embargo, sobre el destino de ese impuesto no se sabe absolutamente nada, no obstante, existen presunciones de que el dinero habría sido desviado para otros menesteres o entonces, directamente “tragado” por los funcionarios, con la anuencia del intendente Godoy, quien está en el cargo por segundo periodo consecutivo y ya debería conocer lo suficiente su trabajo para evitar que cada año existan los mismos inconvenientes.
En Ciudad del Este, la situación también es igual. El intendente Miguel Prieto (Yo Creo), quien en sus tiempos de concejal municipal criticaba duramente, año tras año, al clan Zacarías, por los atrasos en el pago de salarios, hoy día está en la misma situación. Prieto también ya está en el cargo por segunda vez (ganó las elecciones tras la destitución de Sandra McLeod y luego volvió a ganar las municipales del 2021). Pero, aún así, al parecer, aún no aprendió cómo manejarse para evitar los atrasos en el pago de haberes, que van de 2 a 3 meses. La situación “explotó” cuando se supo que los choferes de los nuevos buses eléctricos comenzaban a renunciar por esa situación. Con la acostumbrada soberbia, Prieto indicó “que se vayan, incluso, nos hacen un favor”, indicando que no recurrirá a préstamos para endeudar al municipio. Con ello, los funcionarios no tienen opción más que esperar hasta enero o febrero del año siguiente, para que se les regularice sus haberes.
EN COMÚN
Lo que tienen en común los municipios mencionados es la mala gestión, motivo por el cual no están logrando pagar y cumplir con sus obligaciones. Según expertos y analistas financieros, las comunas recaudan lo suficiente para prever el pago de sueldos y a los proveedores, por todo el año, sin embargo, los intendentes, movidos por intereses políticos, prebendarios y sectarios, manejan las instituciones como “boliches”, por lo que llegan siempre con dificultades financieras a los últimos meses del año, que es cuando recurren a préstamos o, simplemente, piden “paciencia” a sus funcionarios y esperar hasta el año que viene para regularizar sus sueldos.
Las juntas municipales, si bien también se ven afectadas, generalmente no reaccionan, ya que los jefes comunales en todos los casos tienen mayoría de ediles “funcionales” a sus intereses, quienes no cuestionan ni denuncian, sino se mantienen callados y obsecuentes, a cambio de privilegios y prebendas.
