TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Que nuevas autoridades no defrauden al país en materia de educación pública

En su reciente visita al Alto Paraná, el ministro de Educación, Luis Ramírez, se reunió con diversas autoridades locales, docentes y el gobernador César “Landy” Torres para abordar una serie de demandas en el ámbito educativo. Entre las principales preocupaciones figura la necesidad de reestructurar el uso del Fonacide para optimizar su impacto en la región.

Ramírez subrayó la importancia de establecer un enfoque común para abordar los desafíos educativos, reconociendo la complejidad de la situación en Alto Paraná y la necesidad de una estrategia personalizada para cada comunidad.

Nuestra educación pública es una debacle. Siete de cada diez paraguayos de quince años son incapaces de entender lo que leen. Por otra parte, la educación pública no es en realidad gratuita, pues las familias de bajos ingresos destinan a ella la mitad de sus recursos. En verdad, no “se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna”, como quiere la ley suprema.

A menudo se deplora que el Estado ignore la sugerencia de la Unesco de que se destine a la educación pública una suma equivalente al 7% del producto interno bruto, dado que hoy ese porcentaje llega solo al 3,5%. Sin duda, no estaría mal sextuplicar el gasto, si fuera posible, pero el drama radica no solo en la falta de dinero, sino también en la ineptitud, la corrupción, la indolencia y –no por último– el partidismo, vicios propios de todo el aparato estatal.

Si habláramos, por ejemplo, de la urgente necesidad de capacitar a los docentes, generalmente interesados solo en mejorar sus ingresos, tendríamos que recordar, entre otras cosas, sus vergonzosos resultados en los exámenes de evaluación y su gran afición a intervenir en campañas electorales con el fin de conquistar o retener algún “rubro”: si hay personas alfabetizadas que no comprenden lo que leen, hay educadores que no saben enseñar, aunque hayan recibido un título del Instituto Superior de Educación tras haber arrastrado las deficiencias de la educación primaria.

El Ministerio destina el 90% de su Presupuesto de 1.150 millones de dólares al pago de salarios de 80.000 docentes, que parecen muchos, aunque haya aulas que carecen de ellos; si se agrega el porcentaje devorado por los funcionarios, es comprensible que carezca de fondos no solo para reparar instalaciones, sino también que le falten 97 millones de dólares para tener equipos técnicos y mejorar la calidad de los recursos humanos en cada uno de los 8.848 centros educativos públicos. Se espera que el ministro Luis Ramírez, psicólogo y orientador educacional, consiga ordenar la casa y ponga fin a una ya larga y pesada cadena de fracasos, que condena al país a la pobreza.

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