
La cuestionada jueza penal de garantías Cinthia Garcete sigue aferrada a la causa de los 11 policías “gatillo fácil” que ejecutaron a balazos a una pareja en noviembre del año pasado en Ciudad del Este. Ahora, el abogado de la querella, Mauro Barreto, presentó formal recusación contra la magistrada, alegando que “la señora jueza ha obrado con mucha parcialidad hacia los acusados y no solo en esta causa, puesto que es súper conocida en causas contra policías donde incluso dio sobreseimiento definitivo a procesados por hechos gravísimos”.
El representante de la querella, familiares de las dos víctimas fatales del grave caso de “gatillo fácil” recusó a la jueza Cinthia Garcete, solicitando que la misma se inhiba de seguir entendiendo en el proceso, en razón de sobrevenir causal de inhibición prevista en el Art. 50 numeral 12) y 13) “Tener enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos; y cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia.
En su escrito de recusación, Barreto recuerda que “en fecha 28 de julio del año 2023, se ha presentado denuncia contra Cinthia Garcete por mal desempeño de sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). También se presentó denuncia contra esta jueza ante la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus funciones en fecha 31 de julio del 2023. Por último, se presentó denuncia penal por cohecho pasivo agravado ante el fiscal adjunto y que ya fuera remitido a la unidad especializada anticorrupción de Asunción del Ministerio Público.
“El hecho de no inhibirse, constituye mal desempeño de sus funciones, establecido taxativamente en la Ley de enjuiciamiento de Magistrados, donde se señala que al negarse a la inhibición, habiendo causal que le obliga, es causal de enjuiciamiento e incluso su proceder y actuaciones en esta causa rayan el hecho punible de prevaricato, denuncia que se presentará próximamente ante el Ministerio Público”, advirtió Barreto en su escrito.

OSCURAS MANIOBRAS Y COIMA
Por la polémica decisión de otorgar arresto domiciliario a los policías acusados de cometer el doble homicidio, la jueza Cinthia Garcete y el fiscal Alcides Giménez fueron denunciados por cohecho pasivo agravado; supuestamente recibieron G. 150 millones cada uno para otorgarles arresto domiciliario a los once policías procesados por homicidio doloso. La denuncia fue presentada por Mario Espínola Rojas, de la localidad de Puerto Irala y pariente de una de las víctimas fatales.
La jueza procedió a cambiar la carátula, en contubernio con agentes fiscales, aplicando así la suspensión condicional del procedimiento en abierta violación del artículo 21 del Código Penal. Por esto y el presunto cobro de coima fue denunciada ante el JEM y también ante la Corte Suprema, como autora de la tipificación penal de cohecho pasivo agravado.
En setiembre, la Fiscalía formuló acusación y requerimiento de apertura de juicio oral y público en la causa. El hecho punible está tipificado como homicidio doloso, por lo que la expectativa de pena para los autores es de 20 a 25 años, tal como han venido pidiendo familiares de las víctimas fatales del trágico hecho. Los fiscales firmantes del documento son Diana Raquel Gómez, Osvaldo Zaracho y Gabriel Segovia.