A medias, el Gobierno paraguayo ha recuperado el control en el penal de Tacumbú, sin embargo, los incidentes ocurridos demostraron quién realmente “manda” en las cárceles paraguayas. El ministro de Justicia, Ángel Barchini, de lamentable actuación durante la crisis, fue confirmado en el cargo por el Presidente de la República, quien le habría ordenado, según dijo el 22 de agosto, “que el Estado recupere el control en los centros penitenciarios en cuanto a presencia y transparencia en la gestión”.
El propio Santiago Peña admitía así que los reclusorios están en manos de criminales, a lo que se puede agregar que cuentan con la necesaria complicidad de funcionarios que van y vienen, al parecer, para cerrar un ojo y abrir un bolsillo. Las atestadas cárceles, donde los condenados comparten espacios con los procesados, pese a que la Constitución lo prohíbe expresamente, no sirven para proteger a la sociedad ni para readaptar a los reclusos: allí se encargan delitos por telefonía móvil, se aprenden nuevas técnicas delictivas y se reclutan “soldados” para el crimen organizado, cuyas facciones se disputan la primacía dentro de los muros, todo ello en medio del consumo de drogas.
Este último motín es solo una señal más del colapso del sistema penitenciario, ya señalado en 2009 por el entonces ministro de Justicia, Blas Llano: desde esa vez, pasaron trece años sin que él ni sus sucesores hayan intentado o logrado poner fin a un estado de cosas que se irá agravando mientras no se decida liberar las prisiones de las garras mafiosas y del funcionariado cómplice.
No basta con que el ministro Barchini haya dispuesto que la abarrotada prisión de Tacumbú no reciba un interno más ni que se construyan o se amplíen otros reclusorios, mientras el descontrol siga reinando. En febrero de este año, el entonces ministro de Justicia, Daniel Benítez, afirmó que “el sistema penitenciario es totalmente inútil y no da para más”; en abril, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, señaló que la cárcel capitalina es “una bomba de tiempo que no da para más”. Se aguarda, pues, que las reiteradas advertencias desoídas hasta ahora sean abordadas por el nuevo Gobierno con la suficiente energía para devolver la calma a la población y acabar así con unas “zonas liberadas” por la delincuencia, pero solventadas por los contribuyentes.
Es preciso expulsar a estos grupos del manejo de las prisiones. El clan Rotela y el Primer Comando da Capital están en continua guerra por el control de las penitenciarías, ante la impotencia, la desidia o la complicidad de los agentes del Estado; esas instalaciones no deben seguir siendo campos de batalla para delimitar zonas de influencia ni centros de operaciones para la comisión de crímenes más allá de sus muros.
Urge que el Estado recupere su control, como dijo el Presidente de la República. Para comenzar, la selección de funcionarios idóneos y con coraje para enfrentar esta difícil tarea, para la cual el ministro Ángel Barchini no parece ser la persona más indicada.
