TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Justicia selectiva apunta a impunidad de un estafador beneficiado en proceso

El abogado Néstor Milciades Velázquez Ortiz y su benefactora.

En la primera sala penal de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Raúl Insaurralde, Nilda Estela Cáceres y Marta Acosta, obra un recurso de apelación general entablado por el fiscal Gabriel Segovia, luego de un oscuro episodio jurídico que involucra directamente a la fiscal Carolina Rosa Gadea y la juez penal de garantías, Fátima Burró, en probable contubernio con el abogado Luis Giménez.

El último de los citados es el abogado defensor de su colega Néstor Milciades Velázquez Ortiz, procesado por una estafa de USD 90.000 en perjuicio de Basilio Anastacio Franco Gómez. En el mes de setiembre de 2020, el letrado se presentó como constructor ante su ahora víctima, pactando construir un dúplex en el lote 01, manzana 03, de la finca 3.840, situado en el barrio María Auxiliadora de Ciudad del Este, propiedad de Franco Gómez, por la suma mencionada en la denuncia.

Velázquez Ortiz fungía de propietario de una firma denominada “Renacer Company”, dedicada a la construcción, según los antecedentes del caso. El letrado fue beneficiado de comienzo a fin del proceso, hoy en Cámara de Apelaciones.

PROCESO PLAGADO

Pese a los numerosos documentos presentados por la víctima, que tornaban irrefutable una condena penal, el letrado fue favorecido por la fiscal Carolina Gadea, quien, al concluir la etapa preparatoria, antes que acusar, solicitó el sobreseimiento provisional del procesado. Las dudas sobre probable “arreglo” en la causa crecieron cuando la juez Fátima Burró otorgó el sobreseimiento definitivo a Velázquez Ortiz.

La parte actora recusó a la fiscal Gadea y se reasignó la causa al fiscal Gabriel Segovia, quien apeló la sentencia en un intento por reencausar el proceso y pidió su nulidad. En sus argumentos, dijo a la sala penal que el acuerdo para la construcción fue firmado ante la escribanía “Maggi” y presentó copias de su contenido. El último acto conocido en la Cámara de Insaurralde, Cáceres y Acosta, es la remisión del principal.

PLAZOS UTÓPICOS

Es sabido que los plazos procesales contemplados en la norma son omitidos burdamente por los jueces. Desde el 18 de setiembre, los camaristas tuvieron 10 días hábiles para declarar la admisibilidad y la procedencia del recurso fiscal, pero a la fecha se desconocen dichos actos. Los tres magistrados de alzada tienen la oportunidad de hacer efectivo el reencause del proceso y dar la razón al afectado directo en su patrimonio.

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