La Junta Municipal de Hernandarias investiga cobro irregular de tributos municipales. Todo surgió después de que llegara al legislativo una factura de cobranza emitida por la propia Comuna, en la que se observó la omisión de ciertos puntos que debían haber sido cobrados a los contribuyentes, de acuerdo con lo estipulado en la ordenanza tributaria. Se trata fondos destinados al apoyo a los bomberos y al fomento del deporte local.
La situación fue objeto de un acalorado debate el seno de la Junta Municipal, ya que, si se confirma la liquidación incompleta o una modificación intencionada de las facturas, se buscará identificar a los responsables de estas acciones.
En este contexto, los concejales solicitaron un informe detallado al ejecutivo municipal para que proporcione información sobre el particular. Señalan que el intendente Nelson Cano, a su vez, deberá tomar medidas para aclarar el tema, que consideran de suma gravedad e identificar a los posibles culpables.
Este no es el primer enfrentamiento entre la Junta Municipal y el intendente Cano. Los concejales expresaron su descontento con lo que consideran una costumbre del jefe comunal de ignorar las solicitudes de informes del legislativo en varias ocasiones durante su mandato. A pesar de prometer que responderá a los pedidos de informes mediante el conducto apropiado, Cano no cumplió con esta promesa, lo que llevó a la creciente falta de confianza en su administración por parte de los concejales.
En un intento previo de mejorar la relación, Cano propuso reunirse semanalmente con los ediles, pero para la segunda reunión dejó a los concejales esperando en la sala de sesiones. La situación creó un ambiente tenso con el ejecutivo municipal. “La Junta trata de realizar un trabajo mancomunado con el ejecutivo, pero él no responde a nuestros pedidos; entonces, así es difícil”, refirió David Monzón, presidente de la Junta.
Además de la controversia sobre los impuestos, otra denuncia surgió en la Junta relacionada con cobros irregulares en la obtención de licencias de conducir en la Comuna. Los usuarios alegaron que se les exigieron requisitos adicionales, como pruebas de vista y audición, que debían realizarse en una autoescuela tercerizada en la Municipalidad. Sin embargo, la autoescuela cerró debido a múltiples denuncias de irregularidades.
La ciudadanía se vio obligada a desplazarse a Ciudad del Este para completar estos requisitos, lo que suscitó inquietudes sobre la legalidad de estos cobros. Los concejales solicitaron al intendente Cano que presente el acuerdo firmado entre la Comuna y la firma tercerizada que presta estos servicios en el municipio, en un intento de aclarar la situación.
