TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Instituciones del Estado avalan venta de combustible traído de contrabando

Desde APESA calculan que unos 100 millones de litros de combustible ingresan de contrabando a nuestro país en forma mensual.

Pese a la existencia de denuncias concretas sobre venta de combustible contrabandeado en estaciones de servicio ubicadas en territorio paraguayo, principalmente zonas fronterizas, como CDE, hasta el momento ninguna institución del Estado tomó cartas en el asunto. Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y otros entes de control la excusa es que “no hay personal suficiente” para ejercer fiscalizaciones, por lo que no existe ningún obstáculo para que empresarios inescrupulosos y sus socios contrabandistas sigan con esta actividad, irregular a todas luces, que alienta la informalidad en el país.

Ayer La Clave se hacía eco, con fotografías elocuentes captadas por periodistas del medio de cómo estaciones de servicio se nutren presumiblemente de combustible contrabandeado desde territorio argentino, en donde los carburantes, como es sabido, se adquieren a precio mucho más baratos que en nuestro país. Específicamente, las imágenes mostraban cómo desde un camión particular, del tipo grúa, para remolque de vehículos chocados o averiados, estaban cargando combustible a los tanques de la gasolinera Puma, ubicada sobre avenida Alejo García esquina Mayor Rivas Ortellado de Ciudad del Este. El combustible se encontraba en una especie de “mini cisterna” de unos 2.000 litros, montada en la parte trasera del camión.

Fuentes fidedignas aseguran que este modus operandi es muy frecuente en la actualidad, debido a que las ventas de las gasolineras que operan en territorio paraguayo bajaron drásticamente, por los elevados precios de los carburantes en nuestro país. Desde los gremios del combustible, como la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (APESA), constantemente critican al Gobierno por permitir el ingreso masivo de combustible contrabandeado, sin embargo, llamativamente nada dicen de sus colegas y asociados, quienes aparentemente están recurriendo en la misma práctica desleal y totalmente ilegal.

Desde APESA estiman que ingresan al país unos 100 millones de litros al mes, de contrabando.  “Creemos que los contrabandistas ingresan 100 millones de litros al territorio paraguayo, porque estamos sintiendo un bajón en la importación, por el menor consumo en las estaciones de servicio, y los números que manejamos hablan que se redujo en 80 millones de litros en los meses anteriores”, refirió dijo Miguel Corrales, presidente del gremio gasolinero.

SILENCIO CÓMPLICE DE AUTORIDADES

Lo más llamativo del caso es el silencio cómplice de las autoridades encargadas de controlar este tipo de situaciones, como el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), Organismo Nacional de Metrología y la Dirección General de Combustibles dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Esto se da pese a que el director de combustible de la citada cartera de Estado, Juan Paredes, reconoció que reciben denuncias de las distribuidoras, que abastecen a las estaciones de servicio en territorio nacional, sobre sospechas de que las gasolineras están vendiendo combustible de forma irregular.

“De forma mensual hay denuncias por parte de las distribuidoras porque las estaciones de servicio no les están comprando. Las mismas empresas distribuidoras que abastecen a las estaciones de servicio denuncian cuando se dan cuenta de que no se está comprando o que la última compra fue hace dos o tres meses, y que la estación sigue vendiendo, lo que quiere decir que mágicamente de algún lado están consiguiendo combustibles para seguir vendiendo”, explicó.

Sin embargo, la “excusa” para la falta de control es que hay más de 2.000 estaciones de servicio habilitadas por el MIC, mientras la dirección fiscalizadora cuenta apenas con un equipo de 10 funcionarios, lo cual no abastece en lo más mínimo.

En Alto Paraná y CDE, los controles se hacen a “cada muerte de obispo” y además son largamente anunciados, por lo que las gasolineras están avisadas de las fiscalizaciones y pueden “prepararse”. Esto se debería a un sistema de pago de coimas, que hace que prácticamente nunca se haya detectado irregularidades en el expendio de combustible, mucho menos sobre presencia de carburante irregular o contrabandeado, que está siendo vendido en los surtidores locales.

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