TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Justicia allana camino para restituir finca usurpada por dueños de Shopping del Este

El Shopping del Este está construido en el predio que era propiedad del exdictador Alfredo Stroessner. Empresarios libaneses se apoderaron del inmueble, producto de un negociado, según las denuncias.

Medidas judiciales empiezan a allanar el camino para dar paso al reclamo de uno de los hijos del exdictador Alfredo Stroessner, quien reivindica una propiedad de siete hectáreas en la que está asentado el Shopping del Este, propiedad de un grupo de empresarios libaneses quienes se habrían apoderado del inmueble hace unos 20 años, en condiciones fraudulentas e irregulares, en complicidad con exautoridades municipales y judiciales, según las denuncias. Actualmente, ya existe una medida cautelar expedida sobre la finca a pedido del demandante y se considera que sería apenas una cuestión de tiempo, hasta que se revierta el negociado y se haga justicia en este caso emblemático.

En mayo de este año, un juzgado de Ciudad del Este admitió un juicio iniciado por un hijo del dictador Alfredo Stroessner (+) para la recuperación de un valioso inmueble de 7 hectáreas ubicado en la cabecera del Puente de la Amistad. Se trata de un juicio de revocatoria de donación y recuperación de inmueble promovido en contra de la Municipalidad de Ciudad del Este. El accionante es Enrique Alfredo Fleitas, hijo legítimo del extinto dictador Alfredo Stroessner Matiauda.

Igualmente, Fleitas plantea una acción de nulidad de la sentencia que permitió la inscripción del título de propiedad a favor de la firma Cedro Verde SA, que aparece como propietaria jurídica del Shopping del Este. Presidente de dicha firma es el libanés Hicham Mohamad Nassar. La acción también va contra Justa Asteria Salinas de Brizuela, exlimpiadora de la Municipalidad de CDE, quien supuestamente “vendió” el inmueble.

La propiedad reclamada por Enrique Alfredo Fleitas está identificada como fincas números 2.295 y 4.250, expropiadas por Ley nº 12 de 1990 a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este. La Comuna había recibido en donación el predio, pero con un cargo. La condición era que el inmueble sea destinado a los trabajadores y vendedores de la vía pública de la capital del Alto Paraná con la construcción de un centro de compras que debía ejecutar la empresa Aspen Shopping SA, según los antecedentes. Sin embargo, al final terminó en manos de empresarios inescrupulosos, de la mano de autoridades municipales y judiciales corruptas.

El abogado Nicolás Russo Galeano asegura que las disposiciones contenidas en el artículo 1965 del Código Civil son claras sobre la revocación de la donación. “Si la cosa expropiada no se destinara al fin que motivó la expropiación dentro de un plazo razonable, podrá el dueño anterior demandar su recuperación en el estado en que fue enajenada, consignando el precio o la indemnización pagada”, indica el articulado referido por el abogado.

MEDIDA CAUTELAR

Recientemente, el juez de primera instancia en lo civil y comercial del cuarto turno, Circunscripción Judicial de Alto Paraná, Juan Pereira, dispuso una medida cautelar sobre la propiedad reivindicada por Fleitas, ordenando la inscripción en “litis” sobre la finca. La anotación de litis, como medida cautelar cumple la función de alertar a posibles y futuros contratantes a cualquier título respecto de un inmueble determinado, poniéndolos en conocimiento de la existencia de una pretensión judicializada sobre el fundo e impidiendo que estos pudieran alegar buena fe en lo sucesivo.

INMUEBLE ENVUELTO EN NEGOCIADOS Y CORRUPCIÓN

Las “9 hectáreas” habían sido expropiadas en el año 1990, a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este, por ley 12/1990. Este predio está dividido en las fincas 2.925, que tiene una superficie de 7 hectáreas y 4.250 metros cuadrados, y la finca n° 2.771 con una extensión de una hectárea y 1.887 metros cuadrados. La finca 2.925 era de Alfredo Stroessner y la finca 2.771, de Mario Abdo Benítez (padre).

La expropiación se realizó con la intención de reubicar a unos 5.000 mesiteros que ocupaban espacios públicos como veredas y paseos centrales. De hecho, el 19 de octubre de 1990, la Junta Municipal de Ciudad del Este, durante la administración de Óscar Antonio Ovelar Rojas (ANR), resolvió destinar para la reubicación definitiva de los vendedores de la vía pública las fincas n° 2.925 y 2.771.

El 24 de noviembre de 1994, por Ley 533, se amplía la Ley 12/90. Se agrega en su artículo 3° que la finalidad de expropiación es reubicar a los vendedores de la vía pública y ocupantes de espacios verdes del dominio público municipal de Ciudad del Este. El objetivo es que establezcan sus locales comerciales en los inmuebles expropiados, que serán utilizados en la totalidad de su superficie con ese fin.

El 20 de diciembre de 1995, la Corte Suprema de Justicia -a pedido de la Municipalidad de Ciudad del Este- declaró inconstitucional la Ley 533, que amplía la Ley 12/90. Ese mismo año, ante la demora del plan de reubicación, la comuna otorgó gran parte del inmueble en concesión al “Consorcio Aspen Shopping Center” para la construcción del Shopping Aspen, pero el proyecto fue abandonado.

El primer despojo se produjo con la construcción del Shopping del Este, dentro de las nueve hectáreas, en el 2006. Para concretarlo, se cambió la ubicación de un inmueble de 1,5 ha. -cuya verdadera ubicación es la Base Naval- para ser vendido a la firma Initial SA, del clan Nassar. Ese año, Justa Asteria Salinas de Brizuela, una exlimpiadora de la Municipalidad de Ciudad del Este, se había presentado como supuesta dueña de la propiedad y la vendió.

CONFUSIÓN SOBRE UBICACIÓN

Los informes señalan que existen dos fincas con número 2.925 en el Registro Público: La primera, corresponde al Distrito de Ciudad del Este, que figura a nombre de Inocencio Benítez, con una hectárea con 9.687 m2. La segunda, corresponde a una finca con una dimensión de siete hectáreas y 4.250 metros cuadrados, inscrita en el distrito de Hernandarias, que pertenecía a Alfredo Stroessner.

“Al iniciar las diligencias preparatorias pedimos informes de las condiciones de dominio en el Registro Público y para nuestra sorpresa encontramos que la finca nº 2.925, expropiada a favor del municipio, aparece a nombre de Inocencio Benítez. Nos llamó la atención y más todavía cuando encontramos que era solo de una hectárea y no 7,5 como debía ser”, según el relato del abogado Russo.

“Nos preguntamos dónde está la propiedad de 7 hectáreas expropiada a Stroessner, no podía ser que desaparezca así nomás. Nos fuimos a la Escribanía Mayor de Gobierno, revisamos dónde se hizo la transferencia tras la expropiación y encontramos que en la última parte de la escritura decía que esta finca nº 2925 es de Ciudad del Este y proviene de la antigua finca de Hernandarias”, agregó.

Siguiendo la investigación del antecedente, el abogado consultó en la Escribanía Mayor de Gobierno si existe una finca nº 2925 de Hernandarias y efectivamente, la citada finca de Hernandarias está a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este y su dimensión es de 7,5 como el inmueble expropiado en Ciudad del Este a favor de la Comuna.

MILLONARIO EMBARGO

Se encontró además que la finca Nº 2.925 tiene embargos de las firmas Kostianosky, Aspen Shopping y Metro Parking. Esta última tiene un embargo ejecutivo de G. 13.000 millones de   y la propiedad está a punto de ser rematada. Igualmente, encontraron una sentencia del juez Mario Aguayo, en la que ordena reinscribir una hectárea de ese inmueble a nombre de Shopping del Este.

“Sostenemos y podemos probar, a través de las pericias tecnológicas, documentales, informes, mensuras, que el inmueble del extinto mandatario brasileño Juscelino Kusbitchek está situado en otro lugar y no dentro del terreno que era del general Alfredo Stroessner, y que el Shopping del Este está usurpando un inmueble hoy expropiado a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este”, indica parte de la demanda presentada por Alfredo Fleitas, a través de sus abogados.

La llamativa y desesperada acción de los propietarios del Shopping del Este para intentar impedir la inscripción de la medida cautelar de anotación de litis tenía por objetivo evitar que se siga escarbando en los orígenes del título de propiedad que de por sí mismo está viciado de nulidad absoluta, y al mismo tiempo tratar de evitar que se pueda investigar penalmente esa situación o se realice una pericia técnica judicial que descubra todo el andamiaje de corrupción que tendría como base el título en cuestión. Ahora, que la medida cautelar ya está dictada, se espera que el Poder Judicial actúe de manera imparcial y permita que una investigación penal llegue a la verdad, restituyendo el inmueble a su propietario.

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