Uno de los aspectos en donde el gobierno de Santiago Peña debe demostrar que realmente hay voluntad de “estar mejor” cuanto antes, es la Salud Pública. Hasta el momento, la nueva ministra del Gobierno poco o nada en concreto ha hecho por mitigar las graves falencias existentes en su sector.
Estamos hartos de saber que las consecuencias de la ausencia de una política de salud eficiente y eficaz traen aparejados un alto costo social y económico y la violación de derechos fundamentales. La existencia de enfermedades que podrían ser prevenidas, las muertes tempranas por exclusión de los servicios de salud, las incapacidades generadas por accidentes y tratamientos tardíos o mal realizados afectan a las personas en todas sus dimensiones.
La falta de salud impide una trayectoria educativa de calidad en la niñez y juventud y en la adultez afecta a la productividad y autonomía económica. No se puede aspirar a un país desarrollado si su gente no estudia lo suficiente y no desarrolla toda su potencialidad en el trabajo.
Paraguay está muy lejos todavía de lograr los estándares regionales en la cobertura de los servicios de salud. Una importante proporción de la población está excluida de cualquier servicio de salud cuando se enferma o se accidenta. Estas personas terminan sin ningún tipo de tratamiento o automedicándose debido al mal funcionamiento de los servicios: tardanza en la atención, falta de insumos y medicamentos, mal trato del personal de blanco, costos de transporte o necesidad de dejar de trabajar.
Si bien en los últimos años hemos aumentado de manera importante la inversión en salud, los indicadores sanitarios han mejorado a un ritmo mucho menor, lo que ha ocasionado que en comparación con la mayoría de los países de la región hayamos quedado atrás.
Una de las principales causas de estos magros resultados es la inexistencia de un sistema de salud único que garantice universalidad en la atención. A pesar de los recursos invertidos desde el Gobierno anterior, las municipalidades y el Instituto de Previsión Social con los aportes de trabajadores y empleadores, las familias deben contar con recursos económicos si algún integrante se enferma. Si no cuenta, debe recurrir a la solidaridad para solventar sus gastos.
El nuevo Gobierno debe dar señales claras de que está direccionando sus esfuerzos a modificar esta situación. Problemas internos evidencian de que las cosas no marchan bien, no hay unidad de criterios. O se quiere seguir en lo mismo, o se busca decididamente mejorar la situación. Son los dos únicos caminos que hay, esperamos ver pronto señales de la ministra María Teresa Barán de que se están adoptando cambios positivos e inmediatos, hacia un mejor servicio de salud pública.
