TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Mimado de la Asesoría Jurídica expande sus tentáculos y ahora opera en Canindeyú

Llamativamente, el suboficial Osmar González, jefe de la Asesoría Jurídica de la Policía del Alto Paraná, aparece en una reunión llevada a cabo ayer en la Gobernación de Canindeyú, donde se trató sobre invasiones de inmuebles por parte de indígenas.

El cuestionado e inamovible jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía del Alto Paraná, suboficial Osmar González, aparentemente busca expandir su área de influencia y recaudación, y ahora también ya se inmiscuye en asuntos de otro departamento del país. González participó ayer de una reunión interinstitucional donde se trató casos de invasión de inmuebles ajenos por parte de indígenas en el departamento de Canindeyú, llevada a cabo en la Gobernación del decimocuarto departamento. En tanto, dejó todos los expedientes de desalojos pendientes en la zona, encajonados en su despacho.

El suboficial superior Osmar González, quien sería protegido del propio comandante de la Policía Nacional, el Crio. Gral. Dtor. Carlos Humberto Benítez, gracias a sus habilidades para recaudar con negociados de desalojos, ahora estaría buscando la forma de expandir su negocio y también ya sale del departamento a hacer relaciones públicas a fin de ofrecer sus “servicios”.

De la reunión también participaron el Crio Gral. (SR) Oscar Pereira, viceministro del Interior; Hugo Samaniego, director de D.D.H.H. del Ministerio del Interior; Yudith Rolón, directora de D.D.H.H. del INDI; Basilio Franco, director jurídico del INDI; Vilma Acosta, jefa regional de Derechos Étnicos de la Fiscalía General del Estado; Dora Penayo, directora de Derechos Étnicos de la Fiscalía General del Estado; Crio. Gral. Insp. Sebastián Ramírez Delgadillo, director de Policía de Canindeyú; el suboficial mayor Alberto Duarte Monzón, asesor Jurídico de la Dirección de Policía de Canindeyú y personal de Inteligencia de la Policía, regional de Canindeyú.

CAUSÓ MOLESTIA

El suboficial Osmar González estuvo ayer por el departamento de Canindeyú, donde participó de una reunión interinstitucional donde se habló de las invasiones de inmuebles privados por parte de indígenas en la referida zona. Su presencia llamó la atención de todos, debido a que la Dirección de Policía de Canindeyú, también cuenta con su propia Asesoría Jurídica, y por ende tienen un responsable de esa área.

González y su comitiva tuvieron activa participación durante el encuentro, desplazando inclusive a los verdaderos conocedores de la zona. Según los datos, el mimado de la Dirección de Policía del Alto Paraná fue a preparar terreno para una serie de desalojos que se tienen previstos para el departamento de Canindeyú, y su objetivo sería conocer a los “clientes” que buscan desalojar a nativos de sus tierras, a modo de tener una conversación más fluida y poder iniciar con sus famosas peticiones.

ATORNILLADO

Pese a los fuertes cuestionamientos y la existencia incluso de una denuncia penal por desacato, el cuestionado jefe del Dpto. de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía del Alto Paraná, suboficial Osmar González se mantiene en el cargo. Pese a varios cambios en la zona, la cúpula policial una vez más decidió “atornillar” a González en su silla, quien hace años se mantiene en el puesto, en donde estaría encabezando un nefasto esquema de recaudación con las órdenes judiciales de desalojo, que solo se ejecutan cuando los afectados pagan elevadas sumas a los uniformados, para que estos cumplan con su trabajo.

El exdirector de la Policía del Alto Paraná, Crio. Gral. Insp. Osvaldo Alejandro Ávalos, y el jefe del Dpto. de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía, suboficial superior Osmar González, fueron denunciados penalmente por desacato, ante fuertes versiones de que ambos uniformados incumplen deliberadamente los mandamientos judiciales de desalojo para poder cobrar jugosas coimas a los afectados, quienes, para recuperar sus inmuebles o bienes, deben pagar elevadas sumas a los jefes policiales, que es un secreto a voces en el décimo departamento.

DENUNCIA POR DESACATO

Uno de los casos emblemáticos que generó la denuncia por desacato contra los jefes policiales tuvo su origen el 16 de junio del 2022, cuando los abogados de un ciudadano que pretendía recuperar su inmueble invadido hace años, presentaron en mesa de entrada de la Dirección de Policía el mandamiento de desalojo de un terreno de 360 metros cuadrados que está ubicado en el barrio Che La Reina de la capital departamental, firmado por el juez civil de primera instancia, Mario Aguayo, en los autos caratulados “Pablo Aquino c/ Aldo Florentín Barúa s/reivindicación de inmueble”.

Pasó más de un año y los uniformados de Asesoría Jurídica nunca dieron trámite a la orden judicial que está firme en primera y segunda instancias. El abogado del caso acudió en reiteradas ocasiones a la oficina, incluso, ya cumplió con las directrices de los encargados de la oficina de Asesoría Jurídica, pero tampoco logró el cumplimiento del mandamiento.

Las excusas para no cumplir la orden, que inclusive fueron remitidas al juez interviniente, Mario Aguayo, eran traídas de los pelos, como por ejemplo “que el oficial de justicia no puso fecha” al desalojo, argumento considerado ridículo, llevando en cuenta que es la Policía la que comunica cuándo tiene suficientes recursos humanos y tiempo para disponer el desahucio. Alegaron además supuesta alta peligrosidad existente en dicha zona, otra falacia, ya que con un contingente policial preparado y suficiente en número, los manifestantes no se atreverían a enfrentarse, ya que sus cabecillas podrían ser detenidos y procesados por resistencia, perturbación de la paz pública, invasión de inmueble ajeno, entre otros.

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