Prieto insiste que médicos buscaron dejarlo mal parado

El 15 de agosto Miguel Prieto acuso a médicos del Hospital Regional de seccionaleros.

La tensión entre el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y los profesionales médicos del Hospital Regional continúa. El jefe comunal sostiene que entregó todos los equipos necesarios para habilitar el servicio de UTI pediátrico y que, de manera intencionada, fueron desmontados para luego presentarlos como un mentiroso ante la sociedad.

Para respaldar sus declaraciones, Prieto se basa en un informe del Ministerio de Salud remitido a la Cámara de Diputados, en el cual se detallan todos los equipos donados por la comuna para la habilitación del servicio.

El intendente  expresó su descontento una vez más a través de las redes sociales. En estas declaraciones, reafirmó su malestar con respecto a este tema. Durante una manifestación el pasado 15 de agosto, acusó a “médicos seccionaleros” de conspirar y poner en peligro la vida de niños en Ciudad del Este al no habilitar camas en la UTI pediátrica.

“Desmontaron el Pabellón de UTI de niños. Luego dijeron: ‘Miguel está mintiendo, nunca hubo un Pabellón de UTI’. Esta es nuestra salud pública”, expresó el jefe comunal en su cuenta personal de Facebook.

Estas declaraciones siguen a las realizadas por Walter García, expresidente del Consejo Local de Salud y actual legislador de Yo Creo, que dijo que “recuerdan que dijeron que no existieron las camas de UTI infantil en el Hospital Regional. Nosotros no jugamos con la salud de nadie y menos con la de los niños. Aquí está la prueba”, mientras presentaba documentos en los que el Ministerio de Salud remitía una lista de los equipos donados por la comuna.

“El Ministerio de Salud ha respondido a mi solicitud de informe, y aquí está la lista de todo lo que entregamos al Hospital Regional para la Unidad de Terapia Intensiva Infantil. Seguiré luchando por la verdad y desde mi cargo legislativo trabajaré por un mejor sistema de salud”, agregó el legislador.

En julio pasado, la organización civil PAS (Proteger, Amar y Salvar), que lucha por los derechos de los niños, reclamó la falta de este servicio y solicitó a los ocho diputados del departamento que gestionaran su habilitación y que la Junta Departamental declarará una emergencia sanitaria.

Como respuesta a esta situación, se formó en el Hospital Regional el Comité de Vigilancia de la Morbilidad y Mortalidad Materno-Fetal y Neonatal del Ministerio de Salud. El grupo se reunió con representantes de la organización PAS y las autoridades médicas locales.

En ese momento, se mencionó la necesidad de una inversión de G. 1.200 millones para habilitar seis camas. Posteriormente, se informó que esta inversión sería asumida por la Fundación Tesãi.