Políticos de turno siguen usando a binacionales como “botín de guerra”

Hasta el momento el lema de campaña del presidente Santiago Peña “Vamos a estar mejor”, principalmente, se aplica a los colorados oficialistas y sus familias, así como a los operadores políticos de las últimas elecciones. Y con este tipo de decisiones difícilmente se puedan construir la confianza y la credibilidad en un país acogotado por la pobreza.

En el caso de la Itaipú binacional, esta es utilizada para premiar a dirigentes políticos y ubicar a los parientes. Desde la asunción de Justo “Lucho” Zacarías como director general paraguayo en la Itaipu Binacional, los hurreros zacariistas ya están mejor, en muchos casos.

La semana pasada informábamos que fue incorporado a la planilla de funcionarios de la entidad binacional el cuestionado capitán (SR) Carlos Florenciáñez, quien por muchos años se desempeñó como director de tránsito de Ciudad del Este, cuando el clan Zacarías estaba en el poder. El mismo incluso fue acusado de liderar un sistema de coimas y aprietes dentro de la PMT, cuando era su director, pero el caso nunca fue perseguido por la Fiscalía y terminó en el opa´reí. Ahora, de la mano de Lucho Zacarías, Florenciáñez ocupará un cargo en el área de seguridad de la binacional, por el cual cobrará unos 30 millones de guaraníes al mes, según informes extraoficiales.

Otro caso reciente es el de Carlos Mercado Rotela, de Minga Guazú, quien fue nombrado nuevo director ejecutivo del Parque Tecnológico Itaipu (PTI-PY). Otro que “ya está mejor” es el empresario Justino Oscar Abraham Caballero, nombrado como director administrativo ejecutivo, muy relacionado a Lucho Zacarías en diversos “negocios”. El mismo es además funcionario jubilado de la binacional y actual pareja sentimental de la exfiscal Vanesa Candia, quien renunció a su puesto en el Ministerio Público para reincorporarse a la Itaipu, de donde había sido desvinculada, iniciando un pleito laboral, que coincidentemente se resolvió luego de que se supiera que Lucho Zacarías sería director general paraguayo de la Itaipu.

El seccionalero Elías Bernal Sánchez, dirigente del equipo del clan Zacarías, es otro que ya fue incorporado, como “asesor especial”. Este no solo es conocido en la región por su actividad política, sino que también ganó notoriedad en 2016 al ser denunciado por supuestamente someter sexualmente y embarazar a una adolescente de 15 años. Pero gracias a diversas chicanas y sus influencias políticas, Bernal finalmente logró la extinción de la causa, sin aclararse el delito sexual que habría sufrido la menor.

La lista sigue con Juan José Ozuna, designado en la Dirección de Coordinación de Itaipu como superintendente de gestión ambiental, este había sido apoderado de Justo Zacarías Irún; Carlos José Flores, otro operador político, logró un cargo como jefe de división de áreas protegidas; este trabajó en la campaña para llevar votos a la diputada Rocío Abed, esposa de Justo Zacarías; y otra operadora de Honor Colorado, Luciana Mendoza Gavilán, del equipo del diputado Miguel Del Puerto, siendo abogada fue designada como superintendente de obras.

También se cuentan parientes de políticos que fueron promovidos por este gobierno: Walter Hugo Ovelar es primo del presidente del Congreso Nacional, Silvio Beto Ovelar, ya fue elevado de categoría durante la administración de Mario Abdo Benítez, donde fue jefe de división de apoyo operacional, y ahora el nuevo director paraguayo, Zacarías Irún, lo designó como jefe de departamento de protección ambiental.

Este definitivamente no es el modelo de un Paraguay moderno, ni se corresponde con el discurso populista del renacer de un gigante que ha prometido Santiago Peña. Las binacionales deben contratar a técnicos y a personas preparadas, la meritocracia debe primar, Itaipu y Yacyretá deben dejar de ser el refugio de lujo de la parentela de nuestra clase política y de operadores, seccionaleros y amigos de una vez por todas.