Denuncian a jueza Cinthia Garcete por una presunta millonaria coima

Cinthia Garcete, jueza. Alcides Giménez, fiscal.

Por cohecho pasivo agravado denunciaron a la cuestionada jueza Cinthia Garcete y al fiscal Alcides Giménez, quienes, supuestamente, recibieron G. 150 millones cada uno para otorgarles arresto domiciliario a 11 policías “gatillo fácil”, procesados por homicidio doloso. Además, el fiscal Giménez fue recusado en la causa por sus aberrantes actuaciones, según los denunciantes. De acuerdo a los datos, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya pidió la carpeta a la jueza Garcete y los denunciantes esperan que el tema sea incluido en la próxima sesión del órgano juzgador de jueces y fiscales para su debido tratamiento.

La grave denuncia fue presentada por el ciudadano Mario Espínola Rojas, pariente de una de las víctimas fatales. El caso refiere a un expediente sobre homicidio doloso derivado de un fallido procedimiento policial registrado el 19 de noviembre de 2022, de cuya consecuencia perdieron la vida Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y Gloria Yetsica Espínola Cáceres.

El escrito presentado bajo patrocinio de abogado sostiene que la jueza orquestó un plan con el fiscal para otorgarles el arresto domiciliario a los policías recluidos en ese entonces en la Agrupación Especializada, a cambio de G. 150 millones cada uno. Para el efecto, la fiscal Vanesa Candia fue apartada con una recusación, porque no estuvo de acuerdo en que la investigación quede con su colega Giménez, según la denuncia.

El denunciante señala que una abogada se enteró del plan a través de su defendido, uno de los policías, y comentó el hecho al querellante Mauro Barreto. La abogada, cuya identidad fue omitida por el denunciante, se molestó porque le rechazaron el pedido de arresto domiciliario a su defendido, pero 24 horas después solicitó la revisión y le concedieron, sin que haya variado la situación procesal, sigue diciendo la denuncia.

Espínola Rojas mencionó que el plan se concretó en un estudio jurídico de la zona. El denunciante pidió que se traiga a la vista la carpeta fiscal y el expediente judicial, se llame a indagatoria a los denunciados y a testificales al abogado Mauro Barreto, Ricardo Colina Silvero, Enrique Javier Ocampos, Vanesa Candia, y todos los policías imputados.

PIDEN QUE GIMÉNEZ SE APARTE

A través de un pedido formulado al fiscal general adjunto, se pide además que sea apartado de la causa el fiscal Alcides Giménez, uno de los acusados por cohecho pasivo agravado. Se argumenta que el mismo “siguió la jugada” con la jueza Garcete, por lo que ya no puede seguir entendiendo en esta causa. Esto más aún llevando en cuenta que el próximo 25 de setiembre será la fecha de acusación, por lo que se espera que el fiscal adjunto tome una medida de inmediato y se allane a la recusación planteada.

JUEZA MÁS CUESTIONADA DEL ALTO PARANÁ

Cinthia Garcete tiene el mote de ser la jueza más rechazada del Alto Paraná; pese a las graves denuncias por las descabelladas resoluciones y mal desempeño presentadas contra la magistrada, la misma sigue campante en el cargo, gracias a sus “buenos contactos” y padrinazgos en el Poder Judicial. Según fuentes, el abogado Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura (con permiso y declarado significativamente corrupto por los EEUU), sería uno de los principales defensores de la cuestionada magistrada, sobre quien pesa una larga lista de denuncias por atrocidades cometidos en su juzgado.

Garcete en su momento, blanqueó a la pareja de exintendentes de CDE, Javier Zacarías Irún, y su esposa Sandra McLeod, en un proceso por serias irregularidades cometidas durante su función en la Comuna esteña. También liberó a un feminicida de una menor de 17 años, entre otras “perlas” muy cuestionadas, como favorecer a un exagente policial procesado y condenado por abuso sexual en niños, curiosamente defendido por un integrante del bufete jurídico de su exesposo, el abogado Luis Giménez.

El JEM la liberó de esa denuncia, es decir, no encontró irregularidades en sus fallos, pero el mismo caso terminó por destituir al entonces presidente de la Circunscripción Judicial y a otro miembro de la misma sala penal. El ente contralor de los magistrados, nuevamente, la salvó y sobreseyó en esa causa, dándole total impunidad.