TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Hacer uso de todos los recursos para frenar ola de feminicidios

Otro terrible feminicidio sacudió la semana pasada nuestra región. Una mujer fue asesinada de varios balazos por parte de su ex pareja que la interceptó en la calle. La comerciante Norma Estela Miñarro Rotela se despidió de sus hijos y abandonó su vivienda del barrio Remansito para dirigirse a la zona céntrica para trabajar. Cuando estaba a punto de llegar a la zona primaria del puente, fue alcanzada e interceptada por su expareja Leonor Meaurio Careaga, quien furioso la increpó por una denuncia de violencia familiar que derivó en su exclusión de hogar a principios de agosto.

Luego de una discusión, Meaurio apuntó con una pistola a Norma y le disparó a quemarropa. Posteriormente, se supo desde 2019 la mujer denunciaba al hombre, sin embargo literalmente fue “abandonada” por el Ministerio Público, el Juzgado de Paz, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, y cuanto otro organismo pudiera existir en defensa de las mujeres. A este se suma otro caso emblemático ocurrido en Lambaré, en donde fue asesinada cruelmente la joven Katia Monserrath Brítez Torres, de 20 años. La misma fue arrollada varias veces por su expareja, quien debía guardar reclusión domiciliaria. En ambos casos, la justicia fracasó miserablemente para proteger a las víctimas.

Paraguay cuenta con dos leyes contra la violencia machista y para garantizar el derecho a una vida libre en igualdad, las leyes 1600 y la 5777. Ambas son muy necesarias, sirven para visibilizar los feminicidios y sobre todo para diferenciarlos de otros hechos violentos. Hay avances, pero cuando llega el momento de aplicar el castigo significa que ya es tarde, muy tarde, porque hay una mujer muerta, niños huérfanos y una familia destruida.

Estos casos reavivaron el debate sobre la aplicación de la ley que establece el uso de dispositivos electrónicos, pulseras o tobilleras, que está en vigencia desde 2017, pero que no ha sido implementada. Las nuevas autoridades aseguran que están trabajando en la reglamentación de esta ley; así como también la reactivación de una Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, integrada por varios ministerios.

Hoy nuestro país lamenta al menos 26 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Pese a nuestra legislación, que establece severos castigos no se ha podido poner freno a esta pandemia; faltan las respuestas. Nuestras autoridades saben que, según una encuesta del INE, el 78,5% de mujeres de 18 años y más han pasado por algún tipo de violencia, al menos una vez a lo largo de su vida. Pero, al mismo tiempo, sus discursos se divorcian de la realidad cuando reducen cada año el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer.

El esfuerzo por erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, y en general la violencia presente en la sociedad, deberá ser conjunto e involucrar a las instituciones del Estado. Es inaceptable que se motive a las personas que sufren algún tipo de agresión que hagan la denuncia cuando desde las instituciones ni se logran resultados ni son capaces de ofrecer protección real a las víctimas.

Se deberá, pues, reforzar la estrategia y la lucha contra toda forma de violencia en varios frentes: con funcionarios mejor capacitados y estructuras que ofrezcan respuestas más eficientes y, al mismo tiempo, seguir trabajando a nivel de la educación, que es una de las claves para construir una sociedad respetuosa con todos sus miembros y que sea capaz de reconocer a todos como personas con derechos y dignidad.

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