TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Fiscal general del Estado denuncia a su antecesora por lesión de confianza

Sandra Quiñónez, investigada por dolos.

La fiscal Marlene González fue la agente designada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para investigar a su antecesora, Sandra Quiñónez, luego de denunciarla por presunta lesión de confianza cometida en la administración del presupuesto del Ministerio Público. La decisión se tomó como consecuencia del resultado de la auditoría interna ordenada por Rolón poco después de asumir el cargo.

Quiñónez se habría quedado con multimillonarios fondos del presupuesto institucional durante los cinco años de su mandato, consistentes en contratos amañados para servicios diversos en la Fiscalía General, según la conclusión de los contadores y auditores que trabajaron en los análisis de la rendición de cuentas de sus ejecuciones presupuestarias anuales. Fundamenta la denuncia en el incumplimiento de contrato del consorcio M y G, para la construcción de una sede en la ciudad de Caazapá.

Para esa edificación, Sandra Quiñónez habría entregado la suma de G. 2.735.952.145 para luego rescindir el contrato con la firma ante el incumplimiento de los plazos establecidos, pero no recuperó el monto del anticipo.

FISCAL ESPECIALIZADA

Marlene González es fiscal especializada en delitos económicos y deberá diligenciar la causa, que si bien es innominada afecta de manera directa a la exfiscal general del Estado Sandra Quiñónez, en su carácter de ordenadora de gastos. Además de ella, funcionarios superiores de la institución del área financiera, obras y administración tendrían que ver en la cuestión, según el escrito de denuncia. El caso M y G es apenas uno de los compromisos incumplidos donde detectaron irregularidades en la auditoría.

Una serie de irregularidades fueron denunciadas por propios funcionarios agremiados de la Fiscalía, responsabilizando de los hechos a Quiñónez. Contratos multimillonarios que comprometieron los fondos, sin resultado alguno, como servicios generales, seguridad, televisión por cable y otros, mientras faltaban insumos básicos para el cumplimiento de las misionales, según hicieron saber en su momento.

No se descarta una rápida imputación de la fiscal especializada, atendiendo los números erráticos en la administración de Sandra Quiñónez, detectados durante los estudios. A propósito, su antecesor Francisco Javier Díaz Verón afrontará próximamente juicio oral y público en el marco de un proceso penal por inconsistencia en sus declaraciones juradas por un monto que supera los G. 10.000 millones.

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