Es grave la situación de la Policía Nacional, en donde en los últimos días, coincidentemente con la asunción de un nuevo Gobierno, se registraron varios casos de rapto, tortura y extorsión, involucrando a agentes de la institución, que debería ofrecer seguridad y protección a la ciudadanía paraguaya. El fin de semana, dos graves denuncias que afectan a uniformados de la comisaría 23ª, del barrio Las Carmelitas y la subcomisaría 46ª del barrio San Juan de Ciudad del Este fueron radicadas ante la Fiscalía. Los cargos son por tortura y extorsión. Los dos casos sucedieron en horas de la noche del sábado, según las denuncias. El modus operandi es que los policías actúan de civil, abordan a conductores de Bolt y los acusan de que distribuyen drogas para después pedirles dinero a cambio de dejarlos en libertad. En uno de los casos inclusive los policías habrían plantado evidencias.
Otro caso fue denunciado a la Fiscalía por un joven, quien acusó a dos policías de interceptarlo cuando volvía de una despensa y según se puede ver en un circuito cerrado, lo golpearon y realizaron disparos cerca de su cabeza. El hecho ocurrió en una calle vecinal del Km 9 Monday de Ciudad del Este y los agentes estaban alcoholizados. Otro caso ocurrió en Luque, en donde agentes de Investigaciones presuntamente raptaron a un narco y le extorsionaron. Cinco agentes fueron imputados tras ocurrir el caso.
Evidentemente, los “polibandis” intentaron aprovechar el “vacío de poder” que se creó tras la asunción de las nuevas autoridades nacionales. Sin embargo, probablemente no contaban con que las víctimas denunciarían los hechos criminales como el rapto, tortura y extorsión, que empañan gravemente la reputación de la institución, que está tratando justamente de limpiar su imagen deteriorada, con un nuevo gobierno que asegura que no permitirá hechos de corrupción ni impunidad.
Ya no quedan dudas de que la Policía está tocando fondo y que es preciso pensar en soluciones drásticas y de fondo al problema de la corrupción y la impunidad en una institución que está dotada de poderoso armamento para defender a la población pero que, en un porcentaje enorme, se ha vuelto contra ella.
Una meta primordial debe ser recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de otorgarle resguardo y de proteger su integridad y sus bienes. Para ello es fundamental proveer a la Policía de los equipos y de la tecnología apropiada, pero es más urgente aún emprender una guerra frontal a la corrupción interna.
Un paso evidente en este camino es fortalecer instancias como el Tribunal de Calificaciones y el Departamento de Asuntos Internos, que prácticamente no existe, por intrascendente. Asimismo, la Policía debe impulsar la Ley de Reforma Policial, que ya está en el Congreso y que contempla muchos beneficios para los agentes policiales, para evitar que estos se salgan del carril. También es saludable el anuncio del ministro Riera, en el sentido de que la vieja política de trasladar a los uniformados acusados de corruptos a otras dependencias policiales, para dejar “enfriar las cosas” ya no corre bajo el nuevo gobierno.
El propósito a largo plazo debería ser la constitución de una moderna Policía de investigación y de prevención que utilice en su labor los avances de la tecnología y del conocimiento técnico y que exhiba en su práctica los más altos valores morales y éticos.
