A pedido del ministro Manuel Ramírez Candia, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó que el consejo de superintendencia inicie una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades al otorgar títulos profesionales a abogados que tienen su matrícula sin haber ido a la universidad. El proponente de la medida, incluso, facilitó dos nombres de presuntos abogados “mau” con los que se iniciará la investigación.
El hecho se conoció tras los últimos escándalos sucedidos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde aparecieron parlamentarios con dudosas matrículas y sin siquiera tener conocimiento de la universidad donde realizaron sus estudios terciarios. En efecto, las matrículas son concedidas por la máxima instancia judicial y se presume que altos funcionarios estén involucrados en los hechos irregulares denunciados. El pleno hizo un análisis de la cuestión, donde reflotó la intención de que los abogados den exámenes de conocimientos para que puedan ser habilitados como tales.
Existirían algunos casos de títulos de abogados y matrículas a personas que nuca estuvieron en las facultades de derecho, pero igual tenían los certificados de estudios completos, según Ramírez Candia. Agregó que tiene dos nombres con sospechas razonables de no haber sido estudiantes universitarios.
POR LEY O ACORDADA
La propuesta tuvo rápida adhesión del pleno al considerar que el hecho es grave, ya que pone en tela de juicio a los abogados que, en vez de ser auxiliares de la justicia, se convierten en un problema para la administración judicial. Ramírez Candia abogó por cambiar el sistema de otorgar las matrículas a los abogados, ya que en la práctica hay varios casos en los que se nota la falta total de idoneidad. Cuestionó severamente que haya gente con título de abogado sin cursar la carrera.
Para el ministro Alberto Martínez Simón, existen trabas legales que podrían subsanarse con una acordada o, en su defecto, con una Ley ante la falta de la colegiatura obligatoria, vedada en el Parlamento, aun cuando haya tenido media sanción en diputados, años atrás. Mientras tanto, el ministro Víctor Ríos opinó que la Corte estaba habilitada para el control mediante una acordada.
La problemática empieza con la habilitación indiscriminada de universidades privadas por el Parlamento, sin los debidos controles de los entes creados para el efecto y generalmente sus dueños son diputados o senadores que utilizan a prestanombres para el funcionamiento de carreras sin habilitación del Cones o la Aneaes, según los criterios de los diferentes ministros que optaron por la investigación de la denuncia puntual.
