Se va un gobierno regional corrupto y se prende la luz de esperanza por días mejores

Roberto González Vaesken, cuestionado gobernador del Alto Paraná, quien entrega mañana el cargo. Ing. César “Landy” Torres, quien asumirá el cargo de nuevo gobernador mañana martes 15 de agosto.

Mañana martes, tras cinco años de polémica y cuestionada gestión, hace entrega del cargo el gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken (ANR) y los 21 concejales departamentales, de los cuales 19 fueron obsecuentes y cómplices de todos los escandalosos robos e irregularidades registradas en la institución. Si bien, el propio Vaesken, en conferencia de prensa realizada la semana pasada, se ufanaba de su “excelente gestión” y de que “entregaba la casa ordenada” a su sucesor, existen diversas denuncias sobre robo de combustible, desaparición de maquinarias, licitaciones amañadas, negociados con almuerzo escolar, etc., que deben ser tenidas en cuenta por el nuevo titular del ejecutivo departamental, César “Landy” Torres. Este, además de cumplir una buena gestión, tiene la obligación moral de ordenar una auditoría y remitir los antecedentes al Ministerio Público para una posible investigación penal.

Este 15 de agosto, concluye una de las gestiones más nefastas al frente del gobierno departamental del Alto Paraná, en la persona de Roberto González Vaesken y sus funcionarios más cercanos, quienes conforman el denominado “cuatrinomio de oro”, una rosca de empleados públicos que, en estos cinco años, se dedicó a todo tipo de negociados, desfalcos y corrupción.

Fueron diversas las irregularidades, robos y amaños denunciados a lo largo de estos cinco años, en publicaciones periodísticas y dos concejales departamentales, que como llaneros solitarios, se erigían de entre sus colegas, todos “comprados” y obsecuentes al ejecutivo.

Entre las denuncias figuran millonarios desembolsos de combustible (más de 1.500 millones de guaraníes), “casualmente” días antes de las elecciones generales del 18 de diciembre del año pasado. Así también existe un muy sospechoso llamado a licitación para la compra de cubiertas nuevas, que sin embargo ya no serían empleadas en los vehículos de la institución, sino serían “negociadas” por los funcionarios, de acuerdo a las denuncias recibidas.

Otro de los “negociados” fueron los gastos por mantenimiento y reparaciones menores en el parque automotor de la institución. Solo este año supuestamente se gastaron casi 500 millones de guaraníes en este rubro, según reza en el Portal de la DNCP, sin embargo, al mismo tiempo, los vehículos de la institución se encuentran en lamentable estado.

Igualmente, hubo múltiples cuestionamientos sobre la construcción de asfaltado y empedrado adjudicada en diversos puntos del departamento, exclusivamente para beneficiar zonas donde el gobernador tiene inversiones y propiedades. Más de 12 puntos en CDE, Pdte. Franco, Los Cedrales, Hernandarias y otros lugares, donde se hacen o hicieron obras que benefician directamente al clan González Vaesken. Así también saltaron a la luz pública millonarias licitaciones, ganadas por una agencia de propaganda y marketing manejada por uno de los “socios de tragos” del gobernador, el locutor hernandariense Gerardo Daniel Samudio (Elite Producciones).

Entre los casos más recientes, figura la denuncia sobre la “desaparición” de una maquinaria (tractor) de la institución, que habría sido vendido por funcionarios corruptos. El daño sería de más de 30 mil dólares y el caso está siendo investigado por el agente fiscal Luis Trinidad. Así también, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la adjudicación de almuerzo escolar, confirmando un daño patrimonial por casi 700 millones de guaraníes en un informe, cuyos antecedentes fueron remitidos igualmente al Ministerio Público, ante la posible existencia de hechos punibles.

Así también, en los últimos días de gestión de Vaesken, concejales departamentales denunciaron que la Gobernación del Alto Paraná, sin autorización de la Junta Departamental, aprobó y adjudicó millonarias licitaciones, sin contar con el análisis ni visto bueno del órgano deliberativo regional. Los denunciantes indicaron que el caso es grave, ya que atenta contra la Carta Orgánica que regula las funciones de la Gobernación y podría encuadrarse en el delito de lesión de confianza, por lo que consideran que el Ministerio Público debe investigar este nuevo escándalo.

Recordemos que en enero de éste año, Vaesken comunicó que declinaba de su candidatura a la Senaduría, presuntamente para permanecer en la institución departamental hasta el último día y tratar de maquillar su desastrosa gestión, para no tener problemas judiciales después, como lo tuvieron los exgobernadores Justo Zacarías y Nelson Aguinagalde, entre otros. Sin embargo, resulta evidente que Vaesken y sus cómplices fracasaron en ocultar todas las irregularidades existentes, por lo que es de presumir que, de realizarse una exhaustiva investigación, no habrá impunidad para el mismo.

Por último, no se puede olvidar que durante estos cinco años, una mayoría aplastante de 19 de los 21 concejales integrantes de la Junta Departamental del Alto Paraná, aprobaba sin pestañear todas las irregularidades y negociados cometidos el titular del ejecutivo regional. Según fuentes fidedignas, los ediles obsecuentes percibían una especie de “sobresueldo” o “incentivo” para aprobar con los ojos cerrados cualquier pedido o exigencia del gobernador González Vaesken.