TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Analizan nueva denuncia por evasión, lavado y ocultamiento de bienes contra Cinthia Garcete

La magistrada liberó a 11 policías “gatillo fácil” que mataron a tiros a una pareja, en noviembre del año pasado, pese a las pruebas contundentes que comprometen a los uniformados.

El Colegio de Abogados del Alto Paraná analiza presentar una denuncia penal contra la cuestionada magistrada Cinthia Garcete por evasión de impuestos (hasta hace poco nunca pagó renta personal), ocultamiento de bienes y lavado de dinero, ya que según el abogado impulsor de la denuncia, Mauro Barreto, la misma no tiene manera de justificar todos los bienes que posee. Garcete es una de las juezas más cuestionadas en Alto Paraná y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) reveló que la funcionaria judicial hace poco se había inscripto en la dependencia ministerial para cumplir con sus obligaciones tributarias, luego de que la situación se hiciera pública.

En el seno del Colegio de Abogados del Alto Paraná estudiarán presentar una nueva denuncia contra la cuestionada jueza Cinthia Garcete por faltas graves, como evasión de impuestos, ocultamiento de bienes y lavado de dinero. Eso llevando en cuenta que la misma registra un notorio aumento patrimonial y no tendría manera de justificar.

De modesta ujier en Caaguazú, Garcete se convirtió en “millonaria” gracias a sus actividades en el ámbito judicial, según se desprende de sus declaraciones juradas. En su primera declaración, del año 2003, la misma tenía apenas G. 2 millones en efectivo y dos terrenos, uno valuado en 5 millones y otro en 8 millones de guaraníes. Para 2016, Garcete Urunaga –ya jueza de Ciudad del Este– declaró haber incrementado su patrimonio en más del 100%. Si en 2013 su patrimonio era de G. 482 millones, para 2016 trepó a más de G. 1.022 millones. Más del doble en apenas tres años. Para 2019, los activos de la jueza Garcete superaban los G. 1.584 millones.

PACIELLO PROMETIÓ INVESTIGACIÓN

Recordemos que días pasados, el Dr. Oscar Paciello, candidato a representar a los abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM), afirmó al programa “7 Días Paraguay” de C9N que existen méritos suficientes para una revisión al caso que involucra a la polémica jueza penal de garantías, Cinthia Garcete, quien recientemente otorgó libertad a 11 policías “gatillo fácil”, que mataron a balazos a una pareja, en noviembre del año pasado en CDE.

Pese a la existencia de pruebas contundentes, como la existencia de un informe del laboratorio criminal de la Policía Nacional, que confirma que todos los 11 agentes involucrados en el fallido operativo efectuaron disparos de arma de fuego, evidenciando su culpabilidad en el doble asesinato, la jueza otorgó arresto domiciliario a todos los uniformados, quienes presuntamente habrían pagado la suma de 10 mil dólares por cabeza, para obtener su libertad, según lo señalado por fuentes fidedignas.

Por este caso, la magistrada fue denunciada ante el JEM por Mario Espínola Rojas, padre de la mujer que fue víctima de los policías y el abogado Mauro Barreto, por mal desempeño de sus funciones previsto en la ley 6814/21, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales y en especial lo que dispone el Articulo 14 inc. g) “Mostrar manifiesta parcialidad o ignorancia de las Leyes reveladas en juicio”. También fue denunciada ente la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos y piden su suspensión.

Cabe recordar que, con anterioridad, el JEM había rechazado varias causas en contra de la polémica jueza, quien presuntamente mantiene fuertes vínculos con el abogado Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por los EE.UU.

En su momento, la cuestionada jueza blanqueó a la pareja de exintendentes de CDE, Javier Zacarías Irún, y su esposa Sandra McLeod, en un proceso por serias irregularidades cometidas durante su función en la Comuna esteña. También liberó a un feminicida de una menor de 17 años, entre otras “perlas” muy cuestionadas, como favorecer a un exagente policial procesado y condenado por abuso sexual en niños, curiosamente defendido por un integrante del buffet jurídico de su exesposo, el abogado Luis Giménez.

El JEM la liberó de esa denuncia, es decir, no encontró irregularidades en sus fallos, pero el mismo caso terminó por destituir al entonces presidente de la Circunscripción Judicial y a otro miembro de la misma sala penal, evidenciando una vez más que la magistrada cuenta con una protección “especial” en esferas judiciales.

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