Gobernador adjudica millonarias licitaciones sin estudio ni autorización de la Junta Departamental

FACSIMIL: Orden del día de la Junta Departamental, donde las licitaciones cuestionadas debían ser estudiadas, sin embargo, nunca hubo quórum para el efecto. Aún así, el gobernador aprobó y adjudicó los contratos, de manera unilateral e ilegal.

Concejales departamentales denunciaron ayer que la Gobernación del Alto Paraná, sin autorización de la Junta Departamental, aprobó y adjudicó millonarias licitaciones, sin contar con el análisis ni visto bueno del órgano deliberativo regional. Con ello, se evidencia una vez más la desprolija y venal gestión del gobernador Roberto González Vaesken y su equipo de trabajo, liderado por Clide Mereles, cuestionado secretario de obras. Los denunciantes indicaron que el caso es grave, ya que atenta contra la carta orgánica que regula las funciones de la institución y podría encuadrarse en el delito de lesión de confianza, por lo que consideran que la Fiscalía debe investigar este nuevo escándalo.

De acuerdo con los datos arrimados a periodistas de La Clave, en sesión ordinaria de la Junta Departamental del 18 de julio, debían ser tratadas varias millonarias licitaciones, como ser la construcción de empedrados en los distritos de Hernandarias y Ciudad del Este, así como la construcción de un vacunatorio modelo para Décima Región Sanitaria y la construcción de un nuevo palacete municipal en el distrito de Iruña. Sin embargo, no se alcanzó el quórum en dicha sesión, por lo que los llamados volvieron a ser incluidos en la siguiente sesión del día 25 de julio, fecha en que tampoco se alcanzó el quórum legal para tratar el tema y nuevamente quedó en la nada.

Finalmente, en la última sesión, el presidente de la corporación legislativa, Wilberto Cabañas, ya no incluyó los llamados en el orden del día, denunciaron los ediles, por lo que no fueron estudiados ni autorizados por la Junta Departamental. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los concejales, al verificar que en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ya constan todos los llamados, totalmente con contratos firmados y adjudicados a distintas empresas; es decir, ya todo listo para el inicio de ejecución de las obras.

Los ediles mencionaron que se trata de una falta sumamente grave de parte del ejecutivo departamental, al violar la Ley n° 426, que establece la carta orgánica del gobierno departamental. “No puede ser que el gobernador apruebe alegremente en forma unilateral y firme el contrato para dar inicio a obras, que no fueron estudiadas y aprobadas por la Junta Departamental”, denunció el concejal departamental Felipe Carlos Mora (Tekojoja). El mismo mencionó que las licitaciones alcanzan un monto de más de G. 8.000 millones, por lo que habrá que revisar minuciosamente todos los detalles concernientes a las adjudicaciones.

La concejal Sandra Miranda (PQ) también denunció las graves irregularidades en los manejos de expedientes de los procesos licitatorios. Refirió que las adjudicaciones se remitieron a la Junta, luego de la firma del contrato, en al menos seis ocasiones. “Llama poderosamente la atención que las seis licitaciones a las que no le dimos tratamiento han ingresado a esta Junta Departamental después de haber sido firmado el contrato; o sea, como un mero cumplimiento”, expresó Miranda.

DETALLES DE LAS POLÉMICAS LICITACIONES

Según se puede corroborar en el Portal de la DNCP, la licitación pública nacional n° 03/2023 “construcción de palacete municipal en el distrito de Iruña”, ya tiene contrato firmado el 11 de julio del presente año, fecha en la que también está establecido el inicio de ejecución, con un monto adjudicado de G. 2.010.731.855. La firma “ganadora” es “New Sony Vaio II SRL”, cuyos representantes legales son Alberto Royos Martínez y Víctor Omar Cáceres. Como administrador del contrato figura el cuestionado secretario de obras de la Gobernación, Clide Mereles.

Así también figura la licitación pública nacional n° 04/2023 construcción de pavimento tipo empedrado en diferentes lugares de Hernandarias, con un monto total adjudicado de G. 2.581.218.148, en fecha 13 de julio de 2023, cuando se firmó contrato y el 17 del mismo mes ha sido fijado para inicio de la ejecución de obra. En este caso, son dos las empresas adjudicadas, Dunamis S.A., de un tal Jorge Daniel Cardozo Casco, y nuevamente New Sony Vaio II SRL.

Clide Mereles, secretario de obras, quien aparece en todos los casos como “administrador de contrato”.

Otra que aparecía en el orden del día de la Junta Departamental es la licitación por concurso de ofertas n° 09/2023, construcción de vacunatorio modelo en la sede de la Décima Región Sanitaria, con contrato firmado y orden de inicio de ejecución de obra en fecha 13 de julio de éste año, por un valor de G. 190.632.949, en donde nuevamente resultó adjudicada la firma DUNAMIS S.A.

Finalmente, aparece una cuarta licitación para la construcción de pavimento tipo empedrado en los distritos de Los Cedrales y Naranjal (por error, en el orden del día de la Junta Departamental dice Ciudad del Este), obra ya con contrato firmado y orden de inicio de ejecución de fecha 26 de junio de este año, por un monto adjudicado de G. 1.416.829.025, siendo una vez más los proveedores adjudicados DUNAMIS S.A. y New Sony Vaio II SRL.

Para los ediles denunciantes, todas estas licitaciones aprobadas son ilegales y “anulables”, llevando en cuenta que fueron aprobadas en forma totalmente irregular, sin estudio ni autorización de la Junta Departamental. Refirieron además que el gobernador y sus funcionarios pudieron haber incurrido en el delito de lesión de confianza, por lo que amerita una investigación por oficio del Ministerio Público en este nuevo escándalo que involucra al cuestionado Roberto González Vaesken y sus cómplices, quienes dejarán sus cargos la próxima semana.